La “victoria” legislativa del gobierno, además, exhibió una oposición política impotente en este escenario. Una oposición que discute artículos, negocia modificaciones (incluidos los sectores sindicales), calcula costos y beneficios, pero no logra producir un bloqueo real cuando lo que avanza es un rediseño integral de las reglas mismas de la democracia.
SociedadAyer
TELEDIARIO.ar
En apenas 48 horas, el gobierno logró ordenar dos victorias legislativas que condensan —sin metáforas— el programa de su régimen: más pobreza y explotación mediante la flexibilización/precarización del trabajo, y avance del dispositivo represivo por la vía de un régimen penal juvenil que baja la edad de punibilidad a 14 años. El 11 de febrero, el Senado otorgó media sanción a la llamada “reforma laboral” con 42 votos afirmativos y 30 negativos, con acompañamientos clave de bloques provinciales y sectores dialoguistas que volvieron a garantizar mayoría al oficialismo. La segunda victoria, al día siguiente -12 de febrero-, Diputados aprobó en general la baja de la edad de imputabilidad a 14 años (nuevo Régimen Penal Juvenil) con 149 votos a favor y 100 en contra.
Son dos caras del mismo movimiento: el Ejecutivo y sus aliados en la representación legislativa, aceleran cambios estructurales que reordenan la vida material de las mayorías trabajadoras y, al mismo tiempo, robustecen la capacidad estatal para disciplinar el conflicto social que ese mismo programa produce. En la reforma laboral, el núcleo no es “modernizar” sino ampliar, aún más, los beneficios para empleadores y profundizar la precarización de los tiempos de trabajo; bajar y fragmentar indemnizaciones; restringir derechos colectivos y el derecho a huelga mediante la ampliación de actividades consideradas esenciales; sostener la informalidad en el trabajo de plataformas; condonar sanciones por empleo no registrado; limitar la responsabilidad solidaria en procesos de tercerización y avanzar sobre la sustentabilidad del modelo sindical.
Lo votado implica una redefinición del equilibrio histórico entre capital y trabajo en un contexto de caída sostenida del salario real, expansión del empleo informal y debilitamiento organizativo de las clases trabajadoras. Se consolida así un marco normativo que facilita la transferencia de riesgos hacia el trabajador y reduce los costos laborales empresariales en un momento de crisis distributiva.
En el proyecto de régimen penal juvenil, el eje —bajar a 14 la punibilidad— reabre un debate que excede largamente el plano penal: es una respuesta punitiva para administrar las consecuencias sociales de un modelo que produce exclusión, precarización y sufrimiento, en un momento atravesado por digitalización acelerada de la vida cotidiana y financiarización temprana de las subjetividades. La criminalización temprana aparece como dispositivo de gobierno frente a juventudes atravesadas por pobreza estructural y ausencia de políticas de inclusión sostenidas.
La evidencia empírica contradice la retórica securitaria que busca instalar a las juventudes como amenaza social, mostrando que la participación de menores de 16 años en delitos graves representa un porcentaje reducido del total de hechos. La ampliación del poder punitivo no resuelve las causas estructurales del delito; amplía el alcance del control estatal sobre territorios ya castigados por la desigualdad.
La “victoria” legislativa del gobierno, además, exhibió una oposición política impotente en este escenario. Una oposición que discute artículos, negocia modificaciones (incluidos los sectores sindicales), calcula costos y beneficios, pero no logra producir un bloqueo real cuando lo que avanza es un rediseño integral de las reglas mismas de la democracia. Y cuando las reglas cambian a un ritmo inusitado, la impotencia se vuelve funcional a la ofensiva estructural, porque desarticula cualquier posibilidad de freno coordinado en el plano institucional.
Mientras dentro del recinto se negociaban votos, afuera del Congreso los distintos sectores organizados —políticos, sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, espacios feministas y transfeministas— impulsaron una movilización masiva para acompañar el debate y rechazar el proyecto. Lo que siguió fue un despliegue represivo que violó protocolos y escaló la violencia: hidrantes, gases cuya composición atravesaba las protecciones habituales, balas de goma disparadas directo a la cara, miles de efectivos desplegados en un operativo de saturación territorial y una dinámica de cacería sobre la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores. El saldo incluye más de 300 heridxs y 31 detenidxs, además de demoradxs y aperturas de causas penales. Todo transmitido en tiempo real.
En menos de media hora, la intervención policial desalojó la plaza y aseguró la foto que el régimen necesita: la “plaza vacía”, reproducida en millones de pantallas. Esa imagen es parte del método. La represión en la calle se combina con la espectacularización mediática y la operación digital que construye al enemigo “terrorista” en el pueblo movilizado, invierte víctimas y victimarios, pervierte los hechos y administra el miedo como pedagogía social.
Allí aparece uno de los rasgos distintivos de esta etapa: la coordinación entre violencia estatal y el uso de dispositivos digitales. La experiencia reciente permitió describir cómo el territorio digital se vuelve campo de batalla central, con milicias digitales operando en sincronía con el despliegue de fuerzas de seguridad, orientadas a disciplinar a las mayorías populares y a instalar marcos interpretativos que legitiman el uso de la fuerza. El régimen parece alojar buena parte de su capacidad de construcción de hegemonía inmediata en esa ingeniería: producir “orden” mediante represión, fabricar consenso mediante propaganda y legitimar el rumbo de su programa haciendo uso formal de las llamadas “instituciones democráticas”.
En este marco, la pregunta política no puede limitarse a contabilizar votos o detallar artículos. La pregunta es otra: ¿qué capacidad tiene el campo popular para rearticularse frente a un escenario en el que los grandes poderes han podido cambiar las reglas, con una velocidad que profundiza la necesidad de debatir las nuevas condiciones de producción de poder desde las filas de las clases trabajadoras?
A la ofensiva del gobierno y sus aliados se suma una dirigencia sindical y política dispuesta a negociar, a especular, a retirarse de la plaza sin voluntad de sostener el enfrentamiento, generando malestar en las bases que sufrieron la represión —como si la presencia en la calle fuera una puesta en escena testimonial, y no una acción con iniciativa y capacidad de dar combate sostenido.
Sin embargo, el cuadro no es homogéneo, existen contradicciones al interior de las conducciones, tensiones con cuadros intermedios, debates estratégicos no saldados y nuevos espacios que comienzan a articularse por fuera de las organizaciones tradicionales. Hay sectores que empujan hacia mayores niveles de confrontación y otros que priorizan la administración institucional. Esa disputa interna forma parte del momento político y expresa un proceso de reacomodamiento todavía abierto.
La comparación con 2017, cuando los enfrentamientos contra la reforma previsional de Mauricio Macri expresaron otra densidad callejera y mayor coordinación estratégica, ayuda a pensar los efectos del deterioro acumulado, pero también es un recordatorio de que la correlación de fuerzas puede modificarse cuando existe decisión política y acumulación previa. Las derrotas parciales no definen necesariamente el resultado estratégico de una etapa si forman parte de un proceso consciente de acumulación y aprendizaje.
Por supuesto, no se llega acá por un corte abrupto. Son años de degradación sostenida de las condiciones de vida, una pandemia que profundizó desigualdades, y también un gobierno popular que, teniendo el mandato de recomponer, eligió conciliar con sectores concentrados con los que la historia ya demostró que no se concilia. En el fondo, la cárcel de Cristina funciona como síntoma y límite político, advertencia estratégica hacia cualquier intento de reorganización del campo nacional y popular. Y todo esto ocurre sobre un terreno profundamente transformado: economía digital-financiera, captura de la vida cotidiana en plataformas, monetización del tiempo y de la atención, esos amos invisibles que organizan el trabajo y prescriben cómo vivir.
Lo que acaba de pasar en el Congreso y en la plaza abre una etapa. Si el régimen consigue imponer explotación por ley y disciplinamiento por protocolo, con legitimación mediático-digital y capacidad de instalar sentido común en tiempo real, entonces el desafío del campo popular no es sólo resistir coyunturas legislativas. El desafío es estratégico.
Superar la mirada derrotista que comienza a filtrarse en algunos sectores de conducción es una condición indispensable. Cuando la lectura dominante convierte cada enfrentamiento en derrota parcial sin inscribirlo en una perspectiva de acumulación, se erosiona la reserva moral de las bases militantes. Y sin reserva moral no hay voluntad de combate sostenida. La represión no puede leerse únicamente como derrota; debe leerse como parte de un escenario en el que el régimen necesita disciplinar porque enfrenta resistencia. Los enfrentamientos, aun cuando no logren frenar una ley, forman parte de un proceso de acumulación política si contribuyen a elevar la conciencia, la organización y la disposición a la lucha.
El desafío consiste en transformar cada conflicto en instancia de fortalecimiento, aumentar la capacidad y la voluntad de combate de las fuerzas populares, producir síntesis política entre organizaciones históricas, conducciones intermedias y nuevas articulaciones que emergen por fuera de las estructuras tradicionales. El movimiento necesita una nueva síntesis acorde a un escenario político profundamente transformado.
El régimen combina precarización estructural, coerción estatal y arquitectura comunicacional coordinada. Frente a eso, no alcanza con la denuncia ni con la presencia episódica en la calle. Se requiere estrategia, articulación y conducción capaz de leer la etapa con precisión. Cuando la “plaza vacía” se exhibe como trofeo y la represión funciona como “ensayo general para la farsa actual y teatro antidisturbios”, lo que está en juego es la capacidad del campo popular para reorganizarse, disputar poder y reconstruir iniciativa en condiciones adversas. Ese es el desafío de la etapa.
*Por Emilia Trabucco.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
Los prestadores privados de la Patagonia anunciaron solo atenderán urgencias de PAMI. Aseguran que acumularon 60% de retraso frente a la inflación y que con algunas prácticas pierden plata.
El abogado Gabriel Sarla señaló que los efectivos "no llegan a mitad de mes con el sueldo". Sobre las mejoras anunciadas por el gobierno santafesino, insistió con que son insuficientes.
Es necesario derrotar esta ofensiva patronal desenvolviendo las tareas resueltas por el plenario del sindicalismo combativo en Parque Lezama, con una profunda deliberación en los lugares de trabajo para preparar la movilización al Congreso y el plan de lucha camino a la huelga general.
Damián Pier Basile, el ganador del reality de pastelería de Telefe Bake Off Argentina, fue el encargado de hacerle la torta de 8 a la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña. Pero jamás imaginó el revuelo que se armaría. "No paran de agredirme", afirmó. Los tremendos mensajes que recibió.
El fuerte choque provocó graves lesiones en el conductor, quien fue asistido de inmediato por personal médico del SAME. Pese a los esfuerzos, el joven falleció mientras era trasladado al Hospital San Juan Bautista.
La hermana presidencial se enojó con un video que publicó la senadora apropiándose el triunfo político. En la Rosada creen que "Milei la va a bajar de un hondazo".
La entrega de la CGT es similar, aunque no igual, a la de los gobernadores. En este caso, negociaron que no se rebaje el impuesto a las ganancias para ir a correr en auxilio del gobierno de Milei, que de todas maneras no cumple ninguno de los compromisos en materia de financiamiento a las provincias.
Nóblega remarcó que comprende el dolor y el miedo de las víctimas, pero advirtió que reducir la edad de punibilidad “puede dar una sensación inmediata de respuesta, aunque no construye futuro, no reduce la violencia ni honra a las víctimas; sólo amplía un régimen penal y un Estado que llega siempre tarde”.