La Reforma Laboral esclavista tuvo su primer revés judicial y ahora el régimen de Milei quiere llevarlo a la Corte Suprema

Este apartado refiere a los juicios laborales y determina que se puede reducir entre un 20% y un 60% lo que terminaría cobrando un trabajador respecto de los criterios que se usaban en varios tribunales laborales antes de la vigencia de la nueva ley.

El artículo 55 establece cómo se actualizan las deudas en juicios laborales en curso, usando intereses del Banco Central (BCRA), pero con un límite máximo de inflación +3% anual y un mínimo del 67% de ese cálculo.

Al respecto, el juez Ricardo Gileta resolvió que queda “desechada la validez de constitucional del artículo 55” al sostener que el capital original deberá recalcularse según lo previsto por el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la ley de flexibilización laboral.

Originalmente, se trata de un esquema que implica que el monto se ajuste de acuerdo con la evolución del IPC, sumando además un 3% mensual desde el momento en que se produjo la mora hasta que se concrete el pago.

La estrategia judicial del oficialismo

Ante ese fallo adverso, el oficialismo encara una estrategia jurídica para intentar que la discusión llegue a la Corte Suprema y que el máximo tribunal sea el que defina la validez constitucional del artículo 55 de la llamada “Ley de Modernización Laboral”.

Según trascendió, la Procuración del Tesoro trabaja en la presentación de un recurso extraordinario federal ante la Cámara del Trabajo de Córdoba, que dictó la sentencia, que debería decidir si concede el recurso para que el expediente sea elevado a la Corte.

En el Ejecutivo anticipan que la estrategia jurídica no se limitará a este expediente puntual sino a una defensa coordinada de la reforma laboral en su conjunto ante las distintas presentaciones judiciales que puedan surgir en todo el país; un tema que será abordado por la “mesa chica” del mileísmo que se reunirá el martes próximo en Casa Rosada.