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La guerra imperialista en Medio Oriente provocó un alza en los precios de los hidrocarburos cuya duración es impredecible. Las tácticas utilizadas por Estados Unidos e Israel en su agresión, y por Irán en su defensa, se volcaron a infraestructuras y puntos de estrangulamiento claves para la producción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos.
En nuestro país, el gobierno y referentes de las petroleras destacan la “oportunidad” que representan los precios elevados del petróleo en un contexto de exportaciones crecientes de crudo de Vaca Muerta.
Sin embargo, entre las consecuencias que omite el discurso oficial, se destacan el aumento del precio interno de los combustibles, de los fertilizantes que consume la producción agropecuaria, de la inflación general, del riesgo país y de las tendencias recesivas, tal como explicaron en La Izquierda Diario Pablo Anino, Guadalupe Bravo y Julio Pérez.
No es el objetivo de esta nota describir ni la dinámica de la guerra ni su efectos en la economía argentina en general, sino responder específicamente la siguiente pregunta: ¿Cómo afectan al país, en este contexto, las reformas introducidas por la Ley Bases en el sector hidrocarburífero?
Petroleras: hagan lo que quieran
El apartado sobre energía de la corrupta Ley 27.742 aprobada en 2024, es uno de los más extensos, aunque no fue de los más debatidos. Se trata de más de 60 artículos, que se complementan con la inclusión de Energía Argentina S.A. (ex - Enarsa) en el listado de empresas a privatizar, y con el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), cuya reglamentación favorece especialmente los proyectos de producción y exportación de hidrocarburos.
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El grueso de la reforma implica un conjunto de beneficios para empresas de los distintos segmentos del sector y perjuicios para el pueblo trabajador.
Libertad para exportar, importar, fijar precios y hasta desabastecer
La ley incluye una serie de modificaciones en las leyes 17.319 (de hidrocarburos), 24.076 (marco regulatorio del gas natural) y 26.741 (de expropiación parcial de YPF). Entre otras modificaciones se eliminó el objetivo del “autoabastecimiento” (Art. 1º, ley 26.741) o lo que es lo mismo, de “satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con el producido de sus yacimientos” (Art. 3º, ley 17.319).
En cambio, se declaró explícitamente que uno de los objetivos de la política hidrocarburífera será el de "aumentar la renta". Una renta que, a su vez, gracias a los sucesivos beneficios acumulados en las últimas décadas, se apropian en una proporción cada vez mayor las empresas privadas, y menor los distintos niveles del Estado. Según la Cepal, Argentina es el país de América Latina y el Caribe en el que el Estado capta la menor proporción de la renta hidrocarburífera.
En el mismo sentido, al modificar el Art. 6 de la 17.319, se liberaron completamente las exportaciones e importaciones, que antes debían ser autorizadas previamente por el Estado. La libertad para comercializar no contempla siquiera la prioridad del mercado interno, como establecía la legislación anterior.
Por otra parte, la modificación de ese artículo, en el que se concentró el núcleo de la reforma, impidió al Estado intervenir en la fijación de los precios para cualquiera de los segmentos de la cadena. En concreto, el pueblo va a pagar lo que quieran las empresas, porque van a poder exportar lo que quieran, importar lo que quieran, y cobrar lo que quieran.
La Ley Bases facilitó así el traslado de los saltos de precios internacionales al mercado interno. ¿Por qué una petrolera que puede exportar el barril a USD 100 va a venderlo en el país a USD 70? Si en los últimos días el gobierno de Milei utilizó la participación estatal en YPF para aumentar el precio de las naftas en una proporción mucho menor que el aumento internacional del petróleo (para intentar evitar un salto inflacionario mayor), de sostenerse el escenario de precios internacionales altos, tarde o temprano el impacto de la “libertad” para fijar los precios se sentirá más duro en los bolsillos. Lo mismo para el caso del GNL que, aunque en menor medida, se continúa importando en invierno.
Esta reforma llega al ridículo de habilitar, en los hechos, que una empresa exporte un hidrocarburo o su derivado (posiblemente el hidrocarburo sin valor agregado) sin que esté garantizado su abastecimiento en el mercado interno; y al mismo tiempo, otra empresa (o la misma), importe el mismo producto (o, posiblemente, un producto con algún grado de industrialización), cobrando precios internacionales en el mercado interno.
Lo dijimos en su momento: si esta reforma es irracional (o exclusivamente racional para las petroleras) en cualquier momento, más aún lo es cuando el mundo atraviesa crisis, guerras y conflictos geopolíticos en los que la dimensión energética suele ser un componente fundamental, ya sea en sus causas como en sus consecuencias.
RIGI: retenciones 0% y los dólares… ¡afuera!
Otro de los ejes de la ley aprobada con compra de votos y reparto de cargos, fue el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El RIGI se orientó principalmente a actividades extractivas de gran escala en el sector minero, energético y forestal, entre otros. Entre los beneficios para las grandes empresas, se incluyeron reducciones en el Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado (IVA) y exenciones del pago de derechos de importación.
¿Qué pasa con las retenciones a las exportaciones? El RIGI establece la exención absoluta de derechos de exportación (retenciones) a partir del segundo año de la adhesión al régimen, para el caso de los proyectos de exportación estratégica (categoría en la que ingresaron los proyectos de transporte de petróleo y gas). ¿Pagarán retenciones los primeros dos años? Sí y no... Porque ningún proyecto de envergadura tarda mucho menos de dos años en comenzar a exportar.
Tomemos, sin ir más lejos, el proyecto más avanzado de exportación de hidrocarburos incorporado al RIGI: el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), del que participan YPF, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Vista, Pluspetrol, Shell y Chevron. El proyecto fue ingresado al RIGI en marzo de 2025, y comenzará a exportar (con una capacidad inicial de 180.000 barriles por día) en diciembre de este año. Es decir que el petróleo exportado por esa vía, sólo pagará retenciones por unos 3 meses, luego 0%.
Ni hablar de los proyectos de GNL, como Southern Energy, de PAE y Golar LNG, que ingresó al RIGI en 2024 y comenzará a exportar en 2027. No pagará retenciones ni el primer buque exportado. Pero además, el Art. 154 de la Ley Bases que regula las exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL), establece autorizaciones de exportación de GNL por 30 años, que implicarán “el derecho a exportar todos los volúmenes autorizados en ese carácter en forma continuada y sin interrupciones ni restricciones (...) así como el derecho de acceder sin restricciones ni interrupciones de ninguna naturaleza al suministro de gas natural o a la capacidad de transporte, procesamiento o almacenamiento de cualquier especie de los que sean titulares o que hubiesen contratado a tal fin”. Es el colmo de la entrega y de la renuncia a la más mínima soberanía: aún si no estuviera garantizado el abastecimiento en invierno, las petroleras podrán llevarse todo el gas que deseen.
¿Y los dólares? El RIGI establece que las empresas quedarán exceptuadas de la obligación de ingreso y/o negociación y liquidación en el mercado de cambios. Primero parcialmente, y transcurridos 4 años, totalmente. Es decir, tendrán libre disponibilidad de las divisas, y podrán optar, ya no por fugarlas desde el país, sino por ni siquiera ingresarlas.
En la actualidad una parte del petróleo exportado paga retenciones móviles (con el nivel actual de precios, la alícuota será del 8%), pero otra porción se exporta sin derechos de exportación y con libre disponibilidad de divisas, gracias a regímenes especiales que se fueron acumulando desde 2013 (con el Decreto 929 firmado por CFK) a la actualidad, gobierno tras gobierno. Sin embargo, el “gran salto exportador” que ansían las empresas aún no llegó: cuando llegue, será con las nuevas reglas de juego, y sin dejar un dólar.
La Ley Bases profundizó la entrega y la dependencia, y contribuyó a dificultar aún más el acceso a la energía como derecho para la población. En escenarios como el actual, favorece ampliamente la multiplicación de las ganancias de las empresas. Para el pueblo trabajador queda la inflación, el saqueo y la destrucción ambiental.
