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El entorno de Karina Milei comenzó a expresar serias dudas sobre Manuel Adorni, jefe de Gabinete, tras las revelaciones sobre su patrimonio y viajes financiados por terceros. Funcionarios cercanos a la hermana del presidente temen que aparezcan nuevas irregularidades que comprometan aún más la imagen de Javier Milei en medio de un clima político marcado por escándalos y tensiones internas.
La investigación judicial detectó que el vuelo privado a Punta del Este realizado por Adorni fue pagado por la productora Imhouse SA, vinculada al periodista Marcelo Grandio, amigo del funcionario. Tanto Adorni como Grandio habían asegurado en distintas ocasiones que el viaje había sido costeado de manera personal, pero los documentos contradicen esa versión.
El hallazgo se suma a la aparición de una propiedad en el Country Indio Cuá, valuada entre 150.000 y 250.000 dólares, y a gastos de 15.000 dólares en vuelos en un solo mes, cifras que resultan incompatibles con el salario oficial de 3,5 millones de pesos. Estas inconsistencias alimentan las sospechas de enriquecimiento ilícito y generan preocupación en el círculo más cercano a Karina Milei.
En el oficialismo se cuestiona además el tono irónico de Adorni en redes sociales, donde publicó imágenes junto al presidente con gestos considerados inapropiados en medio de los escándalos. La preocupación se intensifica porque las explicaciones del jefe de Gabinete resultan contradictorias frente a las pruebas que surgen de la investigación judicial.
Adorni enfrenta denuncias por enriquecimiento ilícito, presentadas por la diputada Marcela Pagano, y podría sumarse una nueva causa por dádivas, derivada del financiamiento de su viaje a Uruguay. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita investigan además la triangulación de contratos estatales que habrían beneficiado a la esposa de Adorni, con participación de empresas como ARCA, Banco Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas y AYSA.
En este contexto, Javier Milei se vio obligado a defender públicamente a su jefe de Gabinete, aunque las revelaciones comprometen la credibilidad del gobierno. En el entorno presidencial temen que nuevas pruebas agraven la crisis y expongan aún más al mandatario en un escenario político cada vez más complejo.
