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El gobierno de Javier Milei le prohibió este miércoles el ingreso a estadios en todo el país a un nutrido grupo de manifestantes que habían participado en febrero pasado, durante el período de sesiones extraordinarias, de las protestas frente al Congreso de la Nación contra la reforma laboral.
Así quedó plasmado en las Resoluciones 256/2026; 258/2026; 259/2026; 260/2026 y 265/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
Tal como sucede en cada protesta que debe enfrentar el gobierno libertario, las fuerzas de Seguridad al mando de Patricia Bullrich primero y de Monteoliva ahora, avanzan poco y nada sobre los pequeños grupos de suelen cometer desmanes pero sí se largan a la caza al voleo de manifestantes, normalmente durante las desconcentraciones, a los que luego acusa por supuestos delitos que se caen pocos días después ante la inexistencia de prueba alguna.
A pesar de ello, y con la intención de amedrentar y disuadir a eventuales manifestantes de participar de futuras movilizaciones despliega este aparato represivo que se completa luego con esta "pena" impuesta de manera unilateral por el ministerio de Seguridad: aplicarles la restricción de concurrencia.
Para justificar esta medida, Monteoliva aseguró que la restricción de concurrencia responde a la necesidad de neutralizar posibles situaciones de riesgo en eventos deportivos.
La ministra de Seguridad Nacional Alejandra Susana Monteoliva firmó estas resoluciones a partir de los informes elevados por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos. Estas restricciones, según se especifica en la normativa de referencia, pueden adoptarse sin perjuicio de eventuales sanciones penales paralelas para los imputados.
Y recordó que en marzo del año pasado se endurecieron las restricciones, permitiendo que puedan imponerse también a quienes incurran en conductas violentas durante manifestaciones públicas, con independencia del lugar y la naturaleza de la reunión. Esta ampliación habilita a aplicar el régimen de restricción a situaciones ocurridas fuera de estadios, como fue el caso de los incidentes registrados en la Plaza del Congreso.
Esta decisión que rige por plazo indeterminado, aseguran, busca reforzar la prevención de agresiones asociadas al fútbol extendiendo el alcance de las restricciones a todo evento masivo.
