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El pasado 2 de febrero de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó nuevamente la intervención de la asociación civil Inocente Colectivo como Amicus Curiae. En esta ocasión, la participación se dio en el marco de la causa que involucra al trabajador policial José Cácere, condenado por la muerte de Ariel Cannizzo en La Plata, fallo que la organización considera erróneo y producto de una causa armada.
La entidad presentó fundamentos ante el máximo tribunal, solicitando la revocación de la sentencia de primera instancia y la absolución de Cácere. En su exposición, recordó que el principio in dubio pro reo —aplicado en casos anteriores como el de Fernando Ariel Carrera— constituye una herramienta esencial para garantizar la justicia cuando existen dudas sobre la culpabilidad de un acusado.
El colectivo subrayó que dicho principio se encuentra estrechamente vinculado con la presunción de inocencia, consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que ningún habitante puede ser penado sin juicio previo y respetuoso del debido proceso. Asimismo, citaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos con jerarquía constitucional, que refuerzan el derecho de toda persona a ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia firme.
La organización enfatizó que su intervención busca resguardar el derecho fundamental de José Cácere y de todos los ciudadanos a ser tratados como inocentes mientras no exista prueba concluyente de culpabilidad. “Seguimos luchando por tu sagrado derecho a ser inocente”, expresaron desde la entidad, reafirmando su compromiso con la defensa de garantías constitucionales y derechos humanos.
