Con la imagen en caída, el régimen de Milei busca oxígeno y relanza la negociación por deudas históricas con las provincias

Mientras crece la tensión social y cae la imagen presidencial, el Gobierno intenta retomar las negociaciones con las provincias para saldar deudas históricas que Nación mantiene con las 24 jurisdicciones. Con el objetivo de profundizar el saneamiento de las cuentas públicas y reordenar el tablero político, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó, mediante el Decreto 171/2026, una prórroga y modificación del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. 

Según habían indicado desde las filas libertarias al momento de presentar este régimen, la medida busca "caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo". De esta manera, con la extensión de los plazos, el Ejecutivo permite que las provincias que aún no se han sumado al sistema de compensación de deudas puedan hacerlo bajo condiciones administrativas renovadas.

El esquema ya había despertado críticas de varios mandatarios provinciales al momento de su lanzamiento. Algunos gobernadores deslizaron que el régimen no precisa los montos a compensar y sembraron dudas respecto de su implementación. A eso se sumó el malestar por la falta de consulta en su diseño inicial y los reclamos abiertos por deudas previsionales, transferencias y fondos coparticipables, un escenario complejo donde la iniciativa no parece suficiente para descomprimir la tensión financiera entre Nación y provincias.

La normativa, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y los ministros Manuel Adorni y Luis Caputo, abre una ventana de 60 días hábiles administrativos para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifiesten su voluntad de adhesión ante la Secretaría de Hacienda. Según el Gobierno, el decreto representa un intento de la administración libertaria por ordenar relaciones económicas con las provincias que han sido históricamente "desordenadas" por un centralismo creciente.

En qué consiste el régimen

Uno de los puntos más destacados de esta régimen es la flexibilidad en las formas de pago. El Gobierno mantiene su postura de utilizar activos no financieros para cancelar pasivos, lo que incluye la transferencia de tierras, empresas públicas radicadas en las jurisdicciones, rutas y otros bienes desafectados del uso estatal. Esta "creatividad" financiera, como la definen desde el Ejecutivo, permite que el Estado nacional se desprenda de bienes sin destino mientras las provincias limpian sus balances, impactando directamente en la actividad económica regional.

En cuanto a los aspectos técnicos y plazos extendidos, el nuevo esquema establece lo siguiente:

• Documentación respaldatoria: las jurisdicciones tendrán hasta el 31 de diciembre de 2027 para presentar los informes y pruebas que acrediten la legitimidad de las deudas que pretenden incluir en el régimen.
• Instancia de negociación: ante divergencias en los montos o informes técnicos, se abrirá un proceso de mediación bajo principios de "buena fe y lealtad federal" con un plazo máximo de 180 días hábiles para alcanzar un consenso.
• Control institucional: el Ministerio de Economía mantendrá la autoridad de aplicación, requiriendo la intervención de la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación únicamente en casos de deudas bajo litigio judicial o arbitral.

Desde el punto de vista político, el éxito de esta medida se mide en la adhesión de los mandatarios provinciales. Hasta el momento, ocho gobernadores ya se han sumado al régimen: Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Nacho Torres (Chubut), Hugo Passalacqua (Misiones), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Valdés (Corrientes). Con esta nueva prórroga, el Ejecutivo espera atraer a las jurisdicciones restantes, consolidando una herramienta que no solo busca el equilibrio fiscal, sino también una nueva forma de gobernabilidad basada en el intercambio de activos y la regularización de acreencias recíprocas