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En la Cámara de Diputados se desarrolló una audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el gobierno de Javier Milei y varios gobernadores. La iniciativa fue rechazada por organizaciones sociales, pueblos indígenas y referentes ambientalistas, quienes denunciaron que la propuesta es inconstitucional y que busca habilitar la explotación minera en zonas protegidas. Más de 200 oradores participaron en la jornada, en la que se expusieron duras críticas contra legisladores y empresas vinculadas al sector.
El abogado ambientalista Enrique Viale cuestionó los vínculos de la senadora salteña Flavia Royon, a quien acusó de representar directamente a las mineras. Según señaló, Royon posee una consultora que asesora a la multinacional Río Tinto y forma parte del directorio de otra empresa ligada al sector. “Mañana la vamos a denunciar penalmente por incompatibilidad en la función pública y por cohecho”, afirmó. También apuntó contra el diputado libertario sanjuanino José Peluc, a quien interpeló por sus reuniones con proveedores mineros.
Las denuncias no se limitaron a los vínculos políticos. Vecinos de Andalgalá, Catamarca, y de Chubut relataron los impactos de la actividad minera en sus comunidades: pasivos ambientales irreversibles, contaminación del agua y cortes frecuentes en el suministro. “El agua es vida, y acá hay gente que negocia nuestro futuro”, expresó Marcelo Arteaga, de Comodoro Rivadavia. Rolando Flores, de Andalgalá, advirtió que la explotación minera dejó daños que “no se van a remediar nunca” y prometió que “por Andalgalá no van a pasar”.
Referentes históricos como Marta Maffei y Adolfo Pérez Esquivel también participaron de la audiencia. Maffei, autora de la Ley de Glaciares vigente, denunció que la minería a cielo abierto contamina el agua de manera irreversible con metales pesados. Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, alertó sobre la violación del Convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar a los pueblos indígenas, y acusó al gobierno de Estados Unidos de presionar para imponer la reforma. Ambos coincidieron en que la iniciativa representa una amenaza para la soberanía ambiental y cultural del país.
