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El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra Eduardo Argentino Zenteno, exsecretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes de la Municipalidad de Andacollo, por un presunto esquema de peculado que habría ocasionado un perjuicio superior a los $5,6 millones. Según la acusación, el exfuncionario solicitaba grandes volúmenes de combustible para el parque automotor municipal, aun cuando los tanques ya contaban con stock suficiente. La diferencia quedaba registrada en contravales emitidos por la estación de servicio, que luego eran retirados por Zenteno sin rendición administrativa.
El fiscal Víctor Salgado detalló seis episodios ocurridos entre marzo y octubre de 2025, en los que se habrían generado remanentes económicos significativos. Entre ellos, destacan el 3 de junio, con $2.688.000 no rendidos sobre una compra de 2.785 litros de diésel, y el 31 de marzo, con $1.000.000 sobre 2.795 litros. En total, el perjuicio al erario municipal fue estimado en $5.690.300. La fiscalía encuadró los hechos como peculado en modalidad continuada, al considerar que el imputado vulneró el deber de fidelidad inherente a su cargo.
Durante la audiencia, la querella en representación de la Municipalidad de Andacollo adhirió a la imputación. La jueza Leticia Lorenzo tuvo por formulados los cargos y fijó el plazo de investigación hasta el 27 de junio. En cuanto a las medidas cautelares, el fiscal solicitó un embargo del 10% de los haberes de Zenteno para garantizar una eventual reparación económica, pero la magistrada rechazó el pedido. La fiscalía adelantó que pedirá la revisión de esa decisión ante un tribunal colegiado.
Este nuevo proceso se suma a otra causa en la que Zenteno ya había sido imputado junto al director de Redes, Carlos Daniel Leiva, y dos proveedores, por integrar una asociación ilícita destinada a defraudar al Estado municipal. En ese expediente se investigan maniobras como la certificación de horas de maquinaria vial nunca realizadas, el uso indebido de bienes y personal municipal, y la apropiación de materiales de la comuna. El perjuicio estimado asciende a unos $128 millones, y los imputados enfrentan embargos por $130 millones.
