Audiencia por la Ley de Glaciares: denuncian proscripción y censura

Este miércoles 25 de marzo se inició en el Congreso de la Nación la primera etapa de la audiencia pública convocada por el gobierno nacional para modificar la Ley de Glaciares. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, busca habilitar la actividad minera en zonas glaciares y periglaciares, lo que generó un fuerte rechazo de organizaciones ambientales y sociales. La polémica se intensificó al conocerse que solo se permitió la participación de 200 personas, pese a que más de 100.000 habían solicitado intervenir.

El diputado del Partido Obrero y el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, denunció que la audiencia “no tiene nada de democrática” y la calificó como un “operativo de proscripción” destinado a legitimar una entrega ya decidida. Según el legislador, detrás de la reforma se encuentran los gobernadores de distintas provincias, incluidos los peronistas, que actúan como socios de las corporaciones mineras y del capital financiero.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, dominadas por el oficialismo libertario, impusieron restricciones que impiden la participación de activistas, especialistas y diputados ajenos a esas comisiones. De esta manera, se busca evitar que se expongan las consecuencias ambientales de la reforma, que afectaría directamente a las cuencas hídricas de la Cordillera de los Andes, de las cuales dependen millones de personas en todo el país.

La diputada Romina Del Plá, también del Frente de Izquierda, llamó a movilizarse en defensa de los bienes comunes y denunció la criminalización de quienes enfrentan la megaminería, recordando que 52 luchadores ambientales tienen causas penales en cuatro provincias. Para los referentes opositores, la reforma representa un nuevo atropello contra los derechos de la población y la biodiversidad, en beneficio de un puñado de empresas multinacionales.