El régimen de Milei ordena completar cargos en la Justicia y posterga debate por la Corte

Existen 313 cargos sin ocupar, de los cuales 200 corresponden a jueces nacionales y federales, y 113 a fiscales y defensores. El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció que “364 de los 1.002 cargos de la justicia federal están vacantes”, lo que implica que el sistema funciona con apenas el 60% de su capacidad. 
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Comodoro Py.
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El régimen de Milei aceleró el envío de pliegos al Congreso para completar las vacantes en los juzgados federales y nacionales. Según confirmaron fuentes oficiales, esta semana se presentarán 60 pliegos, en el marco de un plan que prevé cubrir entre 50 y 60 cargos por semana. La estrategia busca responder a la presión de la Corte Suprema, que alertó sobre el riesgo de que las vacantes alcancen un nivel inédito desde el retorno de la democracia.

Actualmente, existen 313 cargos sin ocupar, de los cuales 200 corresponden a jueces nacionales y federales, y 113 a fiscales y defensores. El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció que “364 de los 1.002 cargos de la justicia federal están vacantes”, lo que implica que el sistema funciona con apenas el 60% de su capacidad. Esta situación, según el Gobierno, paraliza funciones básicas del Estado y profundiza la crisis de confianza en el Poder Judicial.

El presidente Javier Milei encomendó al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, liderar el proceso de designaciones. El objetivo es completar las vacantes “lo antes posible”, aunque la discusión sobre los cargos en la Corte Suprema quedará para la segunda mitad del año. El oficialismo necesita el apoyo de la oposición dialoguista en el Senado, donde se aprobarán los pliegos por mayoría simple. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, inició negociaciones con gobernadores para garantizar respaldo político.

Además de las designaciones, el Gobierno anunció el envío de un nuevo proyecto de Código Penal. La iniciativa contempla el aumento de penas para delitos de corrupción, que pasarán a ser considerados graves y gravísimos, y la eliminación de la prescriptibilidad de esos crímenes. El Ejecutivo aclaró que no se modificará la figura del femicidio ni la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con este paquete judicial, el oficialismo busca mostrar avances concretos en medio de tensiones internas y presiones externas.

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