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La escalada del precio del petróleo internacional, impulsada por el conflicto en Medio Oriente y el bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz, repercute directamente en los surtidores argentinos. El barril Brent pasó de menos de 70 dólares a superar los 100, con advertencias de que podría alcanzar los 200. En Buenos Aires, el litro de nafta superó los 2.000 pesos, lo que encarece llenar un tanque de 50 litros a más de 100.000 pesos. Esta suba tensiona las metas oficiales de reducción de la inflación y sostenimiento del superávit fiscal.
El impacto en los precios es inmediato: cada aumento del 10% en combustibles suma entre 0,38 y 0,4 puntos porcentuales al índice de inflación mensual. Según estimaciones privadas, los ajustes de marzo podrían añadir entre 0,4 y 0,6 puntos al IPC. Además del efecto directo, el encarecimiento de la nafta repercute en transporte y logística, trasladándose al resto de los bienes y servicios. En los últimos doce meses, la nafta acumuló un incremento del 63,6%, casi el doble de la inflación general.
La estructura de costos locales revela que el barril explica apenas el 40% del precio final, mientras que impuestos y transporte completan el resto. El Impuesto a los Combustibles Líquidos representa el 15,8% del valor, y su actualización automática está prevista para abril. El Gobierno evalúa congelar este tributo para frenar la escalada, pero esa decisión implicaría resignar ingresos en un contexto de caída de la recaudación general. En febrero, el impuesto a los combustibles fue uno de los pocos que creció, con un alza del 19%, clave para sostener el superávit fiscal.
La tensión se replica en la región y en el mundo. Estados Unidos flexibilizó sanciones al petróleo ruso y Brasil redujo impuestos internos para desacoplar precios del shock internacional. Argentina, en cambio, enfrenta una disyuntiva más estrecha: necesita contener la inflación sin perder recursos fiscales. El dilema expone la fragilidad del programa económico y la dificultad de mantener el equilibrio entre precios accesibles y cuentas públicas ordenadas.
