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La semana que comienza será corta, pero el oficialismo intentará concentrarse en el Congreso para desplazar del centro de la agenda los escándalos que afectan su imagen. Tras la reunión de la mesa política libertaria, el gobierno definió como prioridad avanzar con proyectos que refuercen su discurso de orden y propiedad, mientras enfrenta las críticas por la causa Libra y las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El viernes pasado, la Casa Rosada envió al Senado un proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa busca modificar la ley de expropiaciones para que ese mecanismo solo pueda aplicarse en “circunstancias excepcionales” y, además, aumentar las indemnizaciones a quienes resulten afectados. Con esta medida, el gobierno pretende instalar un debate que lo aleje de las acusaciones de corrupción y lo acerque a su base ideológica.
El proyecto también incluye cambios en la Ley de Manejo del Fuego, impulsada originalmente por Máximo Kirchner. La modificación permitiría la venta de tierras que hayan sido incendiadas, como ocurre en la Patagonia, lo que abre la puerta a negocios inmobiliarios y extractivos en zonas que hasta ahora estaban protegidas. Organizaciones ambientales y opositores advierten que la iniciativa favorece a sectores privados en detrimento de la preservación de recursos naturales.
Más allá de la noticia positiva sobre el fallo favorable a la Argentina en el caso YPF, el gobierno enfrenta un escenario de creciente tensión política. La estrategia de instalar proyectos legislativos busca tapar el caos interno y recuperar control, pero las denuncias judiciales y las divisiones dentro del oficialismo continúan debilitando la gestión. La apuesta por reforzar la agenda parlamentaria aparece como un intento de oxigenar a un gobierno que atraviesa su momento más crítico.
