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El oficialismo se encuentra en plena tarea de reglamentar la Ley 27.802 de reforma laboral, con la intención de oficializarla en abril y así evitar que continúe sufriendo suspensiones en la Justicia del Trabajo. El último revés ocurrió el 1 de abril, cuando el juez Raúl Horacio Ojeda dictó una medida cautelar que frenó 82 artículos de la norma por considerar que vulneraban principios básicos del derecho laboral.
Ante este escenario, el Poder Ejecutivo puso en marcha un circuito administrativo coordinado entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica. La estrategia apunta a trasladar las denuncias del fuero laboral al contencioso administrativo, con la expectativa de que la Corte Suprema termine resolviendo la cuestión de fondo, dado el alineamiento de sus integrantes con las políticas libertarias.
La reglamentación involucra a varios ministerios y organismos oficiales, entre ellos Desregulación y Transformación del Estado, Economía, Trabajo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Una vez elaborados los expedientes, Legal y Técnica será la encargada de redactar el texto final y publicarlo en el Boletín Oficial, lo que dará plena vigencia a la reforma.
El Gobierno apuesta a que el decreto reglamentario funcione como un “blindaje técnico” en dos aspectos clave: la aplicación de la ley a relaciones laborales ya existentes y la instrumentación de los nuevos procedimientos. Con ello, busca garantizar que la reforma laboral avance sin retrocesos, pese a la resistencia sindical y los cuestionamientos judiciales.
