TELEDIARIO.ar
El fiscal Franco Picardi presentó un dictamen en el que acusa a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de haber operado como un mecanismo sistemático de corrupción desde la llegada del gobierno de Javier Milei. Según la investigación, el organismo se convirtió en una “ventanilla de pagos indebidos” que direccionaba licitaciones y compulsas de precios en favor de un grupo reducido de empresas, a cambio de retornos y dádivas para funcionarios y gestores.
Entre los principales imputados figuran el exdirector Diego Spagnuolo, el extitular de Acceso a Servicios de Salud Daniel Garbellini y el lobista Miguel Ángel Calvete, señalado como el operador externo que manejaba adjudicaciones y se quedaba con un porcentaje de los contratos. Además, se pidió citar a 26 personas más, entre ellas empresarios beneficiados por la venta direccionada de insumos médicos de alto costo, como prótesis, implantes cocleares y sillas de ruedas motorizadas.
El dictamen detalla que el circuito ilícito incluyó facturas por productos inexistentes, como camas ortopédicas, y operaciones de blanqueo de dinero. También se hallaron mensajes entre los involucrados que revelan el reparto de “ofrendas” semanales por miles de millones de pesos. En algunos casos, las empresas competían entre sí pese a pertenecer al mismo grupo económico, lo que evidenciaba la cartelización del mercado.
La investigación apunta a que parte de los fondos desviados podrían haber beneficiado a figuras cercanas al oficialismo, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, mencionados en audios que forman parte de la causa. El fiscal concluyó que el programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y enfermedades crónicas en situación de pobreza, fue utilizado para sostener negocios privados en perjuicio del Estado y de los sectores más vulnerables.
