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La diputada Gabriela Flores, representante de La Libertad Avanza por la provincia de Salta, generó un escándalo político al reconocer que su hijo emplea los pasajes oficiales que le otorga el Congreso para asistir a la universidad. La declaración, realizada sin matices ni rodeos, expuso una práctica que cruza los límites del uso de fondos públicos y abrió un debate sobre la transparencia en la gestión de los recursos estatales.
En un intento de justificar la situación, Flores explicó que “los viáticos son para poder movernos” y agregó que no cuenta con otro ingreso. Sin embargo, sus palabras fueron interpretadas como una admisión directa de un uso impropio de los beneficios legislativos. Los pasajes y viáticos están destinados exclusivamente a cubrir gastos vinculados con la función parlamentaria, no a solventar la vida cotidiana de familiares, lo que convierte el caso en un ejemplo de confusión entre lo público y lo privado.
El episodio se conoció en paralelo a la salida de Flores de la presidencia de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, lo que potenció el impacto político de sus declaraciones. En un contexto donde el oficialismo sostiene un discurso de austeridad y cuestiona el gasto estatal, la revelación resulta particularmente incómoda y contradice los principios que La Libertad Avanza dice defender. La oposición, por su parte, no tardó en señalar la contradicción y exigir explicaciones.
La polémica no requiere investigaciones complejas ni filtraciones: nace de una confesión en primera persona que instala sospechas difíciles de revertir. Analistas advierten que el costo político para Flores y su espacio es elevado, ya que la ciudadanía percibe el episodio como un abuso de privilegios. El caso reaviva el debate sobre la necesidad de controles más estrictos en el uso de viáticos y pasajes oficiales, en un momento en que la confianza en la clase política se encuentra en niveles críticos.
