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El fiscal federal Franco Picardi detectó nuevas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que habrían implicado la erogación de 75.478 millones de pesos del erario público en favor de un reducido grupo empresarial. En su dictamen, solicitó 29 indagatorias, incluyendo a Diego Spagnuolo, ex titular del organismo y cercano al presidente Javier Milei, y al lobbista Miguel Ángel Calvete, ambos ya procesados como jefes de la asociación ilícita.
Las pruebas señalan que más de 20 empresarios con más de 30 firmas participaron en un entramado delictivo que direccionaba compulsas de precios en insumos médicos de alto costo, como prótesis, audífonos, implantes y equipos de traumatología. El esquema, según la fiscalía, respondía a vínculos personales y económicos que garantizaban la manipulación de compras públicas de manera sistemática.
Entre las irregularidades detectadas, aparecen referencias a un 3% de coima que, según audios filtrados, habría tenido como destino a Karina Milei, hermana del presidente. Conversaciones entre Calvete y otros imputados refuerzan esta hipótesis, sumando evidencia sobre el circuito de retornos ilegales dentro de la ANDIS. El juez federal Ariel Lijo deberá resolver ahora los pedidos de indagatoria, en una causa que ya acumula 19 procesados.
La investigación también reveló que el organismo se encuentra en crisis: trabajadores denunciaron sueldos pagados en cuotas y más de 2.500 trámites de medicamentos paralizados, incluyendo tratamientos oncológicos, además de 3.800 prestaciones demoradas para personas con discapacidad. La fiscalía concluyó que durante el gobierno de Milei la ANDIS funcionó como una “ventanilla de pagos indebidos” para sostener negocios espurios en perjuicio del Estado y de sectores vulnerables.
