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El deterioro de las rutas nacionales en Santa Fe y otras provincias encendió las alarmas en el Congreso y en los municipios. Un grupo de 20 diputados peronistas calculó que Caputo retuvo más de 1,165,491 millones de pesos del impuesto a los combustibles, que por ley debían girarse al Sistema Vial Integrado (Sisvial). Según el informe, esos fondos hubieran alcanzado para reparar todas las rutas que hoy se encuentran en condiciones críticas.
La denuncia sostiene que el superávit fiscal exhibido por el Gobierno se construye sobre incumplimientos legales y el no pago de deudas, como los 1.000 millones de dólares adeudados al PAMI. Los legisladores advirtieron que la recaudación del impuesto a los combustibles creció exponencialmente desde la asunción de Javier Milei, pero los recursos nunca fueron transferidos a las provincias. En 2024, por ejemplo, se debieron girar 354.835 millones, y en 2025 la cifra ascendió a 688.126 millones, sin que se cumplieran las obligaciones.
Intendentes de distintas localidades santafesinas y de otras provincias organizaron una reunión en Buenos Aires para coordinar una estrategia común frente al estado catastrófico de las rutas. El diputado entrerriano Guillermo Michel afirmó que “la situación no se sostiene más” y recordó que desde el Congreso ya se impulsaron proyectos y pedidos de informes sin obtener respuestas. El malestar escala también a nivel provincial y se anticipa una posible cumbre de gobernadores.
La crisis vial afecta directamente la competitividad del país y la seguridad de los ciudadanos, con rutas “detonadas”, señalización ilegible y banquinas convertidas en pastizales. Los intendentes advierten que son ellos quienes reciben los reclamos de los vecinos y que el incumplimiento de Nación pone en riesgo vidas y economías regionales. El caso podría terminar en la Corte Suprema, que hasta ahora ha sido permisiva con el Gobierno en este tipo de incumplimientos.
