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El Poder Ejecutivo remitió al Senado un proyecto de ley denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que busca reemplazar la actual Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793). La propuesta surge luego de la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y plantea un cambio de paradigma: pasar de un esquema de asistencia social a un modelo centrado en la fiscalización y el control administrativo.
El articulado endurece de manera drástica las condiciones y requisitos para acceder a las pensiones, bajo el argumento oficial de eliminar irregularidades. El gobierno sostiene que la medida garantizará transparencia, pero críticos advierten que se trata de un mecanismo para reducir el gasto público a costa de los sectores más vulnerables. La lógica de auditoría se convierte en el eje central de la nueva política, desplazando la concepción de la discapacidad como derecho humano.
Organizaciones sociales, asociaciones civiles y defensores de los derechos de las personas con discapacidad alertan que el proyecto desprotege a quienes dependen de esta asistencia básica para su supervivencia. Señalan que el endurecimiento de los criterios no solo limita el acceso, sino que también amenaza con dejar sin cobertura a miles de beneficiarios que ya enfrentan condiciones de extrema precariedad.
El debate en la Cámara Alta promete ser intenso. Mientras el oficialismo defiende la iniciativa como una herramienta de transparencia, la oposición y el colectivo de personas con discapacidad preparan una férrea resistencia. Para estos sectores, la propuesta representa un avance sobre derechos adquiridos y una desmantelación del sistema de protección social, en un contexto de ajuste generalizado que golpea con mayor fuerza a los más vulnerables.
