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El informe internacional advierte que la Argentina cayó de la categoría 3 a la 5, el nivel más crítico del ranking, en apenas dos años. El retroceso se explica por restricciones a la protesta social, despidos antisindicales y la interferencia en la vida interna de los sindicatos. La CSI señaló que este desplome es uno de los más pronunciados registrados en su medición global y que refleja un deterioro institucional profundo en las garantías laborales.
Entre los puntos más graves, el documento destaca el debilitamiento de la negociación colectiva y de la representación gremial, lo que deja a los trabajadores en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los empleadores. A nivel global, el estudio enmarca estos resultados dentro de una tendencia de debilitamiento de derechos laborales y democráticos, impulsada por gobiernos autoritarios y sectores con alta concentración económica. En este contexto, la Argentina se suma a países con serias restricciones en materia de libertades sindicales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la CTA resolvieron llevar el caso al plano internacional y presentarán una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante la próxima Conferencia Internacional del Trabajo. Según el movimiento obrero, el informe constituye una señal de alarma sobre el impacto de las políticas del gobierno de Milei, que afectan directamente la calidad institucional y los derechos de los trabajadores. La presentación contará con el respaldo de la Confederación Sindical de las Américas y de la propia CSI, en un intento por visibilizar la situación argentina en el principal foro global en materia laboral.
