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La decisión del presidente Javier Milei de impedir el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada desató una ola de críticas en distintos sectores políticos y sindicales. La Confederación General del Trabajo (CGT) denunció que se trata de “un ataque directo a la libertad de expresión” y advirtió que la medida socava el derecho de la sociedad a conocer y controlar los actos de gobierno. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) también repudió la decisión, calificándola como “otro intento desesperado de silenciar a la prensa”.
Diputados de diferentes bloques solicitaron la reunión urgente de la Comisión de Libertad de Expresión y convocaron a periodistas y medios afectados a concurrir al Congreso. En una carta dirigida al secretario de Medios, Javier Lanari, legisladores como Juan Marino, Mónica Frade, Esteban Paulón y Natalia de la Sota reclamaron explicaciones oficiales y remarcaron que “el libre acceso de la prensa a las fuentes de información es un pilar innegociable de cualquier sistema democrático”.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se sumó al repudio e instó al Gobierno a revisar de manera urgente la medida y restablecer el sistema de acreditaciones. Según trascendió, la prohibición alcanzó a más de 50 medios de todo el país y se habría justificado en un supuesto caso de espionaje legal vinculado a una investigación periodística. Sin embargo, no hubo comunicación oficial que confirmara esta versión.
La clausura de la sala de prensa de la Casa Rosada fue considerada un acto de censura sin precedentes, incluso comparado con períodos de dictadura. El episodio profundiza la tensión entre el Gobierno y los medios de comunicación, en un contexto marcado por denuncias de corrupción y crisis económica. La medida amenaza con convertirse en un nuevo foco de conflicto político e institucional.
