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La investigación, firmada por el interventor Alejandro Vilches, analizó más de 500 expedientes por un presupuesto superior a $18.000 millones. El informe presentado ante el juez Ariel Lijo confirmó cifras “técnicamente indefendibles”: andadores con sobreprecios del 4239%, sillas de ruedas facturadas a $19 millones cuando su valor real es de $1,3 millones, y válvulas cardíacas con diferencias del 242% respecto a precios del PAMI. Ante la magnitud del hallazgo, el Ministerio de Salud congeló pagos por casi $5000 millones, considerados fraudulentos.
La investigación judicial, encabezada por el fiscal Franco Picardi, apunta a la manipulación del sistema de contrataciones Siipfis. Empresas como Artrobone e Imnova simulaban competencia pese a compartir directivos y domicilios. La prueba clave es el denominado “Grupo Museo”, un chat de WhatsApp donde funcionarios y empresarios coordinaban licitaciones para direccionar contratos. En el centro aparece Diego Spagnuolo, director de la agencia y amigo personal de Milei, señalado en audios por presuntos pedidos de retornos a proveedores.
Más allá de lo judicial, el movimiento de Vilches —alineado con el ministro Mario Lugones— es interpretado como una ofensiva de Santiago Caputo contra el entorno de Karina Milei, jefa de la Secretaría General de la Presidencia. La crisis expone un escenario de “fuego amigo” dentro del Gobierno y deja al descubierto una maquinaria de desvío de fondos en un área destinada a los sectores más vulnerables. Paradójicamente, el ajuste que pregona el oficialismo se enfrenta ahora a un drenaje millonario en las arcas públicas.
