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Según el informe de ACIJ, entre 2023 y 2025 la ejecución real del gasto en la partida principal de Educación Superior se desplomó un 29%, retrotrayendo los niveles de financiamiento a los de 2006. El recorte representa el 39% del ajuste total en Educación y Cultura, mientras que el financiamiento por estudiante cayó a 2,4 millones de pesos, la cifra más baja desde 2004. Ante este panorama, sindicatos docentes, no docentes y centros de estudiantes convocaron a la Cuarta Marcha Universitaria, que tendrá su acto central en Plaza de Mayo.
El ajuste golpea directamente a los trabajadores universitarios. Para marzo de 2026, el salario de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva quedó un 25% por debajo del nivel de tres años atrás. En promedio, los sueldos del sector equivalen hoy a menos de dos tercios de lo que percibían entre 2011 y 2023. La precarización salarial se suma al deterioro de infraestructura y programas académicos, generando un escenario crítico para la continuidad de la educación pública superior.
El Gobierno argumenta “escasez presupuestaria” para incumplir la Ley de Financiamiento Universitario, pero el mismo informe de ACIJ señala que la reducción del impuesto a los Bienes Personales para los sectores más ricos implicó una renuncia fiscal de 5 billones de pesos en dos años, equivalente al costo de aplicar la ley universitaria. Para el organismo, el desfinanciamiento no responde a falta de recursos, sino a una decisión política premeditada que prioriza beneficios a los patrimonios más altos por sobre la educación pública.
