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La resolución administrativa 20/2026 dispuso un ajuste de 2,5 billones de pesos, de los cuales 970.000 millones impactan directamente en provincias y municipios. Se cancelaron transferencias y se suspendieron obras de saneamiento e infraestructura hídrica en ejecución, como el Acueducto Vipos en Tucumán, el Sistema de Agua Potable de Concordia en Entre Ríos, la planta depuradora de Rafaela en Santa Fe y el acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia en Chubut. Estos proyectos habían sido presentados como logros por gobernadores aliados al oficialismo, que ahora ven frustradas sus gestiones.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, había celebrado junto a Caputo la adjudicación del Acueducto Vipos como “proyecto estratégico” para abastecer de agua potable a miles de vecinos. Menos de un mes después, la obra quedó suspendida. Algo similar ocurrió con el entrerriano Rogelio Frigerio, quien había anunciado obras de transporte y saneamiento en su provincia, ahora paralizadas por el recorte. La decisión expone la fragilidad de los acuerdos políticos con la Casa Rosada y deja a los mandatarios provinciales sin respaldo para sostener compromisos locales.
Según el politólogo Nicolás Tereschuk, el Gobierno aplicó un criterio uniforme de ajuste: 940.523.960 pesos por distrito, sin distinguir entre provincias grandes o pequeñas ni entre obras urgentes o postergables. Además, se redujeron 494.290 millones en transferencias corrientes, 155.710 millones en servicios sociales y 25.000 millones en sistemas provinciales de salud. El recorte, calificado como “poco competente”, profundiza la asfixia financiera de las provincias y genera tensiones políticas incluso con gobernadores que acompañan al oficialismo en el Congreso.
