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En los primeros meses de su gestión, Javier Milei se mostraba decidido a erradicar cualquier indicio de corrupción dentro de su gobierno. En entrevistas televisivas, aseguraba que ante una “sospecha barra sombra” de irregularidades no dudaría en apartar a los responsables. “Si encuentro alguien con las manos en la lata, no tengo ningún problema en pegarle un cañonazo en la cabeza. El que las hace las paga”, afirmaba con contundencia, incluso apelando a comparaciones extremas como “te agarro robando, te corto la mano”. Estas declaraciones buscaban instalar la idea de una ética como política de Estado, en medio de un contexto de ajuste económico y creciente tensión social.
Sin embargo, dos años después, la situación parece haber cambiado. Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete y figura clave en la administración, enfrenta sospechas de corrupción que han generado pedidos de interpelación y mociones de censura desde la oposición. Pese a ello, Milei no ha mostrado intención de apartarlo ni de aplicar las drásticas medidas que había prometido. Por el contrario, fuentes de Casa Rosada aseguran que es el propio Presidente quien sostiene a Adorni en su cargo, a pesar del impacto negativo que esto genera en su imagen pública.
La contradicción entre el discurso inicial y la práctica actual abre un debate sobre la coherencia del gobierno en materia de transparencia. Mientras Milei insiste en que su compromiso es con los argentinos y que no cubriría a ningún funcionario sospechado, la permanencia de Adorni en el gabinete refleja un cambio de estrategia política. El contraste entre las promesas de “torpedos en la cabeza” y la defensa de un funcionario bajo sospecha plantea interrogantes sobre la verdadera prioridad del oficialismo: la ética como bandera o la preservación de su núcleo de poder.
La tensión entre discurso y acción se convierte en un nuevo frente de crítica hacia el Presidente, quien había construido parte de su legitimidad en torno a la idea de una “honestidad brutal”. Hoy, la permanencia de Adorni en el gabinete, pese a las denuncias, expone las dificultades de Milei para sostener aquella narrativa inicial y deja abierta la pregunta sobre hasta dónde está dispuesto a llegar en la lucha contra la corrupción dentro de su propio gobierno.
