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La política de ajuste del gobierno de Javier Milei suma nuevos capítulos y profundiza el malestar social. El reciente recorte presupuestario de 2,5 billones de pesos generó un clima de incertidumbre en el que, según encuestas, siete de cada diez argentinos debieron resignar consumos básicos. Investigadores señalan que el deterioro en la calidad de vida se traduce en endeudamiento, morosidad y autoexplotación, mientras la pregunta que se impone es por qué, pese a la magnitud de la crisis, no estalla un conflicto social abierto.
El sociólogo Ariel Wilkis advierte que “donde falla un derecho crece una deuda”, reflejando cómo la falta de ingresos obliga a las familias a recurrir al crédito para sobrevivir. Por su parte, el antropólogo Pablo Semán describe un escenario de angustia, desolación e incertidumbre, con sectores populares y clases medias empobrecidas que enfrentan la suspensión de comidas, la pérdida de cobertura médica y la renuncia a proyectos de futuro. La analista Mora Jozami, en tanto, confirma que la morosidad supera los niveles de la pandemia y que el gobierno mantiene un núcleo duro de apoyo cercano al 35%, aunque pierde adhesión entre votantes más blandos.
Los especialistas coinciden en que la sociedad argentina atraviesa una etapa de “implosión social”, marcada por el sacrificio individual y la búsqueda desesperada de ingresos, incluso a costa del ocio y la vida familiar. La desarticulación de movimientos sociales y la aceptación de la idea de que “las cosas se pagan” refuerzan este repliegue hacia lo personal. Aunque el deterioro es evidente, los analistas subrayan que no existe una relación mecánica entre crisis económica y estallido colectivo, lo que explica por qué, al menos por ahora, el ajuste mileísta se soporta en silencio.
