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La comunidad de Santa Rosa, en Valle Viejo, atraviesa un clima de tensión tras el anuncio oficial de la readecuación del histórico edificio del ex Instituto de Menores, ubicado sobre calle Manuel Zalazar, a pocos metros de la Plaza Olmos de Aguilera y de un establecimiento educativo. La decisión judicial reabrió viejas heridas y generó un intenso debate entre vecinos y comerciantes de la zona.
La ministra de la Corte de Justicia de Catamarca, Fernanda Rosales, confirmó que en los próximos días comenzarán las obras de remodelación del inmueble, que durante más de cinco décadas funcionó como centro de resocialización de menores. El anuncio se produce en un contexto clave: la inminente entrada en vigencia de la nueva Ley Penal Juvenil, que establece la imputabilidad a partir de los 14 años. Ante la falta de un centro específico para adolescentes en conflicto con la ley, las autoridades evalúan reutilizar el predio.
Sin embargo, la medida despertó preocupación y resistencia en la comunidad. Vecinos recordaron episodios del pasado vinculados a fugas y conflictos en el barrio, mientras otros advirtieron que la reapertura podría incrementar la inseguridad y el movimiento de personas ajenas a la zona. “Siempre vivimos en alerta por las corridas de internos por las medianeras de nuestras casas”, relataron algunos residentes.
Quienes no rechazan de plano la iniciativa condicionaron su apoyo a la implementación de estrictas medidas de seguridad, como mayor presencia policial, monitoreo con cámaras y protocolos claros para evitar incidentes. En paralelo, un sector importante de la comunidad manifestó su oposición total y reclamó que el espacio sea reconvertido en un proyecto de utilidad social.
Entre las propuestas más mencionadas figuran la creación de un centro cultural y recreativo, una granja comunitaria o un polideportivo, iniciativas que —según sostienen— permitirían recuperar un lugar emblemático y transformarlo en un punto de encuentro para niños, jóvenes y familias de Santa Rosa.
Mientras avanzan los preparativos para el inicio de las obras, el debate continúa creciendo entre quienes defienden la necesidad institucional del Estado y quienes exigen que la voz de la comunidad sea escuchada antes de definir el destino de un predio cargado de historia y controversias.
