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El Tribunal Oral Federal 2 rechazó recientemente un pedido de Telleldín para suspender el decomiso del dinero que le fue entregado en 1996 por los servicios de inteligencia, con el aval del entonces juez Juan José Galeano. El pago tenía como objetivo inculpar falsamente a policías bonaerenses en la causa, lo que derivó en años de prisión injusta para varios agentes. La revelación de esta maniobra motivó la nulidad de las actuaciones iniciales por parte de la Corte Suprema, aunque el proceso contra Telleldín continuó en instancias posteriores.
El recorrido judicial de Telleldín ha estado marcado por contradicciones: fue condenado en los primeros años y pasó una década en prisión, pero en 2019 resultó absuelto por falta de pruebas concluyentes que demostraran su conocimiento sobre el uso de la camioneta Trafic en el atentado. Sin embargo, sí recibió condena por encubrimiento junto a otros funcionarios y exintegrantes de la SIDE, entre ellos Galeano y Hugo Anzorreguy. La fiscalía insiste en que la absolución debe ser revisada por la Corte Suprema, mientras que el decomiso del dinero se mantiene como un frente activo en la búsqueda de justicia.
La novedad de estos días es que la Justicia autorizó un relevamiento patrimonial que incluye el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de Telleldín, su familia y colaboradores cercanos, con el objetivo de recuperar los fondos ilegales. El intento del acusado de frenar esta medida fue desestimado, lo que representa un paso más hacia la restitución del dinero al Estado. A más de tres décadas del atentado que dejó 85 muertos y más de un centenar de heridos, el caso sigue revelando las sombras de las relaciones entre justicia, inteligencia y poder político en la Argentina.
