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El cierre de estas unidades turísticas, creadas en los años 40 bajo la gestión de Juan Domingo Perón y declaradas Monumento Histórico Nacional en 2013, afecta a más de 100 empleados y sus familias. Según la Resolución 2026-129 de la Jefatura de Gabinete, los trabajadores de planta permanente fueron pasados a disponibilidad por un plazo máximo de 12 meses, tras el cual podrían ser despedidos. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) otorgó diez días para abandonar las instalaciones, bajo amenaza de desalojo por la fuerza pública. Legisladores y sindicatos denunciaron que se trata de “la entrega de lo que es del pueblo para negocios privados”.
Los complejos, que cuentan con capacidad para más de 7.000 plazas, fueron remodelados recientemente con una inversión de 7.000 millones de pesos durante la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, el actual gobierno considera “innecesarias” estas instalaciones y planea concesionarlas por 30 años. Trabajadores advierten que varios hoteles están en condiciones de recibir huéspedes de inmediato y que el cierre implica la pérdida de una política de turismo social que permitió a jubilados, familias de bajos recursos y personas con discapacidad acceder a vacaciones. “Es como si hubieran tirado una bomba atómica y arrasado con todo”, lamentó una referente sindical.
