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El informe presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a otras organizaciones, advierte que el programa acordado con el FMI implica un ajuste brutal que afecta directamente a los sectores más vulnerables. Entre los puntos señalados figuran la reducción del gasto público, el recorte en programas sociales y el deterioro de la capacidad estatal para garantizar derechos básicos como salud, educación y vivienda. Según el documento, estas medidas contradicen las obligaciones internacionales de Argentina en materia de derechos humanos.
La denuncia sostiene que el acuerdo con el FMI prioriza metas fiscales y financieras por encima de las necesidades sociales, generando un aumento de la pobreza y la desigualdad. Además, se subraya que el proceso de negociación careció de transparencia y participación ciudadana, lo que limita la legitimidad democrática de las decisiones adoptadas. El CELS remarcó que el ajuste no solo tiene consecuencias económicas, sino también políticas, al debilitar la confianza en las instituciones y restringir el acceso a derechos fundamentales.
El Comité de la ONU evaluará si el Estado argentino incumplió sus compromisos internacionales al aceptar condiciones que afectan la vida cotidiana de millones de personas. La presentación busca abrir un debate global sobre la responsabilidad de los organismos financieros internacionales en la protección de los derechos humanos. En paralelo, organizaciones sociales convocaron a movilizaciones para visibilizar el impacto del ajuste y exigir alternativas que prioricen la justicia social.
