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Los datos oficiales, solicitados por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa, revelan que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 se concretaron 621 desalojos que afectaron a 1.135 familias y 4.482 personas. El informe advierte que el 58% de los casos en 2026 fueron de carácter administrativo, impulsados por el Gobierno porteño a través de clausuras de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias. Este cambio marca una transformación respecto de 2024, cuando el 98% de los desalojos se realizaban por orden judicial. Además, las clausuras totales —que implican la evacuación completa de los inmuebles— pasaron del 2% en 2024 al 56% en 2026, evidenciando un uso creciente de mecanismos excepcionales sobre familias vulnerables.
La respuesta estatal frente a estas situaciones se limita a ofrecer subsidios habitacionales que no alcanzan a cubrir un alquiler y a derivar a los afectados a Centros de Inclusión Social, sin protocolos de seguimiento ni registros consolidados de las personas desalojadas. El informe advierte que, de mantenerse el ritmo observado en los primeros meses de 2026, este año podría convertirse en el de mayor cantidad de desalojos del período analizado. La falta de control institucional y el desplazamiento hacia procedimientos administrativos sin garantías mínimas generan preocupación en organismos de derechos humanos y en la Legislatura porteña, que ya exige explicaciones al Ejecutivo local.
