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Una articulación de intereses políticos y comerciales impulsada por sectores afines al macrismo y al oficialismo libertario se encuentra detrás de la ofensiva mediática y judicial desatada contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El conflicto, lejos de responder a motivaciones meramente institucionales, expone una disputa de fondo por multimillonarios negocios vinculados al marketing de la Selección Nacional y la presión persistente para instalar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en los clubes del país.
El trasfondo comercial de la ofensiva tiene como figura central al empresario Guillermo Tofoni, quien supo usufructuar durante años los lucrativos contratos de representación de la selección nacional en el mundo, administrando sponsors, indumentaria y partidos amistosos de los cuales obtenía la mitad de las ganancias. Sin embargo, en 2021 la AFA rescindió dicho vínculo contractual y otorgó los derechos a otra firma operada por Javier Faroni, un esquema en el cual la entidad madre del fútbol retiene una proporción considerablemente mayor de los beneficios económicos. A partir de esa pérdida de privilegios, Tofoni inició una serie de demandas judiciales en tribunales nacionales e internacionales, acusando a la cúpula directiva de fraude y lavado de dinero, al tiempo que alimentó de manera sistemática una campaña de desprestigio a través de distintos medios de comunicación.
En el plano judicial argentino, las denuncias impulsadas por el empresario no prosperaron en los tribunales de Comodoro Py, donde la justicia determinó en reiteradas instancias que se trataba de un diferendo de índole estrictamente comercial y desestimó la existencia de delitos penales, aunque actualmente se desarrollan pericias contables en paralelo. No obstante, la estrategia se trasladó a jurisdicciones extranjeras y escaló hacia una abierta colisión política con terminales directas en el Gobierno nacional, donde sectores vinculados a la Casa Rosada y agencias de inteligencia comenzaron a operar activamente en sintonía con los intereses de los denunciantes para debilitar a la actual conducción del fútbol argentino.
La injerencia gubernamental en el litigio trascendió mediante diversas gestiones diplomáticas y operaciones de inteligencia orientadas a respaldar las actuaciones radicadas en tribunales estadounidenses, donde la fiscalía evalúa elementos probatorios presentados en el marco de disputas corporativas. Paralelamente, la ofensiva busca funcionalizar el desgaste institucional como herramienta de presión política para doblegar la resistencia de la dirigencia deportiva y allanar el camino hacia la privatización de las entidades futbolísticas, evidenciando una convergencia de intereses económicos y partidarios que utiliza el escándalo mediático como método de disciplinamiento.
