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El presidente Javier Milei firmó el Decreto 408/2026 que reglamenta el Título II de la Ley de Reforma Laboral N° 27.802, creando el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este mecanismo habilita a los empleadores privados a desviar aportes que antes iban a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para cubrir indemnizaciones por despido. La medida fue publicada en el Boletín Oficial con las firmas de Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y los ministros Federico Sturzenegger y Luis Caputo.
El decreto establece que los empleadores deberán abrir cuentas individuales en fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Allí se depositarán las contribuciones mensuales, que serán deducibles del impuesto a las ganancias y permitirán reducir las cargas patronales. Los trabajadores alcanzados deberán estar registrados al menos doce meses antes de la extinción del vínculo laboral. En caso de despido, la entidad habilitada transferirá directamente la indemnización a la cuenta del trabajador en un plazo máximo de cinco días hábiles.
El régimen contempla portabilidad de fondos entre entidades, reglas para transferencias en reorganizaciones societarias y la devolución de recursos al empleador en caso de disolución de la cuenta, siempre que no existan contingencias laborales pendientes. Además, las inversiones estarán limitadas a instrumentos financieros emitidos en Argentina y la comisión de administración no podrá superar el 1% anual de los activos. La iniciativa, que forma parte de la reforma laboral impulsada por el oficialismo, generó críticas por el uso de recursos vinculados a la seguridad social y por el impacto que podría tener en los trabajadores despedidos y en el sistema previsional.
La reglamentación busca dar seguridad jurídica y transparencia al nuevo esquema, según el Poder Ejecutivo. Sin embargo, opositores y especialistas advierten que el mecanismo implica financiar despidos con fondos que originalmente estaban destinados a jubilados, lo que podría debilitar el sistema previsional y facilitar la reducción de personal en el sector privado. La medida marca un cambio profundo en la forma de afrontar las indemnizaciones laborales en Argentina y abre un debate sobre sus consecuencias sociales y económicas.
