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El préstamo firmado en 2018 con el Banco Interamericano de Desarrollo, que incluía además un aporte local de 122 millones de dólares, estaba destinado a renovar vías, señalización, material rodante y sistemas de comunicación de la Línea San Martín. Sin embargo, en 2025 el Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, reasignó esos fondos al “Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal y el Crecimiento”. Según el informe de la AGN, esta decisión dejó sin ejecución obras críticas en un contexto de creciente inseguridad ferroviaria, con un aumento del 72% en los accidentes durante 2024 respecto al año anterior.
El caso más grave se registró el 10 de mayo de 2024, cuando un tren de pasajeros chocó contra una formación de trabajo en Palermo, dejando entre 60 y 90 heridos. Tras ese episodio, el Gobierno declaró la Emergencia Pública Ferroviaria y anunció un presupuesto de 1,3 billones de pesos para reforzar el sistema, pero la AGN constató que solo se ejecutó el 44% de esos fondos y que de las seis obras prioritarias previstas para la Línea San Martín apenas una fue concluida. La falta de controles efectivos, la reducción de locomotoras operativas y el mantenimiento diferido agravan la situación.
La AGN evalúa presentar una denuncia penal por las irregularidades detectadas, mientras el gremio Unión Ferroviaria también alertó sobre el deterioro del material rodante y la obsolescencia de los sistemas de señalamiento. El Gobierno, por su parte, sostiene que se trata de problemas estructurales heredados y asegura haber invertido el 70% de los fondos de emergencia, aunque los documentos oficiales contradicen esa versión. En medio de la controversia, los 400 millones de dólares que debían mejorar la seguridad ferroviaria terminaron destinados a sostener las cuentas fiscales, dejando a los pasajeros expuestos a un sistema cada vez más vulnerable.
