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La marcha de Ni Una Menos, que este miércoles 3 de junio cumple 11 años desde su primera convocatoria tras el femicidio de Chiara Páez, llega en un contexto de fuerte retroceso en derechos de mujeres y diversidades. Desde la llegada de Javier Milei al poder, se eliminaron organismos como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y se desfinanciaron programas esenciales como la Línea 144 y el Plan Acompañar. A esto se suman recortes en salud sexual y reproductiva, debilitamiento de la Educación Sexual Integral y reducción drástica en la distribución de anticonceptivos, lo que genera un escenario de mayor vulnerabilidad.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) y Amnistía Internacional manifestaron su preocupación por regresiones normativas y presupuestarias. Según datos de Amnistía, el presupuesto destinado a políticas de género se redujo un 89% desde 2024, mientras una mujer es asesinada cada 36 horas. En paralelo, el Registro de Femicidios de la Corte Suprema informó que en 2025 hubo 200 víctimas, una baja respecto a 2024, aunque el nivel de violencia letal sigue siendo alarmante. Además, se registraron 227 crímenes de odio contra personas LGBTI+, el número más alto desde que existen registros.
Las consecuencias del desmantelamiento se reflejan en la pérdida de alcance de programas de asistencia y en la precarización laboral de las mujeres, que ganan en promedio un 29% menos que los varones, cifra que asciende al 40% en el mercado informal. Organizaciones como ELA y ACIJ advierten que las mujeres hoy tienen menos herramientas para pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde. “Cuando el Estado se retira, deja a más mujeres, niñas y personas LGBTI+ libradas a su suerte”, sintetizó Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina.
A once años del primer Ni Una Menos, el balance muestra avances en la visibilización de la violencia de género y en la creación de herramientas legales, pero también deudas urgentes. Los colectivos feministas remarcan que la violencia no empieza con el femicidio, sino mucho antes, y que el principal desafío es que el Estado llegue antes de los desenlaces fatales. La movilización del 3 de junio se presenta como un llamado colectivo para exigir políticas públicas integrales, presupuesto suficiente y una justicia capaz de responder sin estereotipos ni demoras.
