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En su última presentación patrimonial, Adorni declaró que pasó de tener 108 millones de pesos en 2024 a 944 millones en 2025. El salto más llamativo se produjo en un lapso de poco más de dos semanas, cuando aseguró haber convertido una inversión en Bitcoin en medio millón de dólares. Sin embargo, reconoció que cometió “el error” de no informar oportunamente esas operaciones. La falta de documentación respaldatoria y la demora de tres meses en dar explicaciones alimentaron las sospechas de enriquecimiento ilícito.
El Congreso reaccionó con dureza y avanzó en pedidos de interpelación y moción de censura contra el funcionario. Diputados de distintos bloques exigieron que Adorni brinde detalles precisos sobre cómo logró semejante ganancia en tan poco tiempo. En paralelo, organismos de control y referentes judiciales señalaron que la declaración jurada presenta inconsistencias y aparenta ser un “dibujo” para ganar tiempo frente a la Justicia.
Dentro del oficialismo, el silencio fue la respuesta predominante. Mientras algunos dirigentes libertarios intentaron despegarse del caso, otros evitaron pronunciarse. La falta de respaldo político dejó a Adorni en una situación de creciente aislamiento. El escándalo no solo golpea su credibilidad personal, sino que también tensiona la interna del Gobierno, que enfrenta críticas por la transparencia de sus funcionarios y la gestión de los recursos públicos.
