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El escándalo estalló luego de que Adorni, vocero del ajuste a las universidades y otros sectores sociales, reconociera públicamente que durante años mantuvo ahorros “en negro” junto a su esposa, Bettina Angeletti. Según explicó, el dinero provendría de su actividad privada y de inversiones en criptomonedas, principalmente Bitcoin, realizadas entre 2013 y 2018. Sin embargo, esta versión contradice declaraciones anteriores en las que aseguraba que todo su patrimonio estaba debidamente declarado ante los organismos fiscales.
La controversia se profundizó porque Adorni fue uno de los principales impulsores de auditorías a las universidades nacionales, cuestionando el uso de fondos públicos y denunciando supuestos “curros” en el sistema educativo y en programas sociales. Mientras tanto, docentes y trabajadores universitarios enfrentan salarios de pobreza y un incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que debía garantizar aumentos superiores al 50% pero que el Gobierno redujo al 21%. En ese contexto, la revelación sobre los fondos ocultos del funcionario alimentó la percepción de doble discurso y privilegios.
El caso ya está bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. La defensa de Adorni sostiene que se trató de un “error” en sus declaraciones patrimoniales y que regularizará su situación fiscal, pagando los impuestos correspondientes. Sin embargo, la contradicción entre su rol como vocero del ajuste y su propia falta de transparencia patrimonial ha generado un fuerte costo político para el Gobierno de Javier Milei, que lo respalda pese a las crecientes críticas.
