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El martes 16 de diciembre de 2025, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, se debatió el proyecto de ley denominado “Inocencia Fiscal”. Allí, Bregman, diputada nacional por el PTS en el Frente de Izquierda Unidad, advirtió que la propuesta constituye “la cobertura que faltaba para los blanqueadores, grandes evasores y el narco”. La legisladora subrayó que el exdiputado José Luis Espert fue uno de los impulsores de la iniciativa, cuestionando el origen de los fondos que se pretenden blanquear.
El proyecto modifica el Régimen Penal Tributario y el Código Civil y Comercial, además de establecer un Régimen Simplificado para el Impuesto a las Ganancias. Según lo planteado, quienes posean patrimonios de hasta 10.000 millones de pesos e ingresos anuales inferiores a 1.000 millones no deberán justificar el origen de sus incrementos patrimoniales. En la práctica, esto implica un blanqueo gratuito y una amnistía encubierta, incluso si los fondos provienen de actividades ilícitas como el narcotráfico.
Bregman remarcó que mientras se otorgan beneficios a los grandes capitales, los trabajadores y jubilados sufren el ajuste. Señaló que los umbrales para considerar delitos penales se retrotraen a niveles de 2017, en un contexto en el que los jubilados perdieron hasta un 50 % de su poder adquisitivo y los asalariados entre un 25 y un 40 % de su salario real. En paralelo, el gobierno de Javier Milei avanza con una reforma laboral que reduce aportes patronales y acorta plazos de prescripción de deudas previsionales, trasladando nuevamente el costo del ajuste a los sectores más vulnerables.
