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La transparencia patrimonial del Gobierno Nacional se encuentra bajo fuerte escrutinio luego de que se conociera que Adorni no declaró una casa en un country de Exaltación de la Cruz ni los bienes registrados a nombre de su pareja. Según la investigación, la rectificación de datos se produjo recién cuando la Justicia Federal comenzó a requerir informes a la Oficina Anticorrupción. A esto se suma la subvaluación de propiedades: un departamento en Caballito declarado en 200.000 dólares cuando su valor de mercado supera los 400.000, y una casa en un barrio privado valuada en 100.000 dólares frente a un precio estimado de 250.000.
El caso se complica aún más con la revelación de que Betina Angeletti, esposa de Adorni, se inscribió en el régimen de “inocencia fiscal”, una herramienta legal que exime de justificar variaciones patrimoniales ante el fisco. Esta maniobra, realizada en medio de auditorías por gastos millonarios en viajes y reformas, permitió blindar consumos y adquisiciones sin explicar el origen de los fondos. La inscripción de Angeletti coincidió con la compra de propiedades y remodelaciones en countries, lo que refuerza las sospechas sobre el clan Adorni.
El impacto político es significativo: mientras otros funcionarios fueron apartados por irregularidades menores, el blindaje sobre Adorni genera tensiones internas en el gobierno de Javier Milei. La denuncia por enriquecimiento ilícito, sumada a los cuestionamientos sobre la ética pública, pone en duda el discurso oficialista sobre transparencia y lucha contra los privilegios. La situación abre un frente de conflicto dentro del círculo íntimo de Karina Milei y amenaza con profundizar la crisis de credibilidad en la gestión.
