El gobierno porteño limita la educación de adultos con discapacidad

El gobierno porteño enfrenta fuertes críticas por restringir la inscripción de estudiantes con discapacidad mayores de 22 años en escuelas especiales, una medida que organizaciones sociales y familias consideran regresiva y discriminatoria. La decisión afecta directamente a quienes buscan formación integral y salida laboral en talleres educativos.
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Jorge Macri junto a Mauricio Macri.
Jorge Macri junto a Mauricio Macri.

La comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires denunció que la plataforma oficial Aprende BA bloquea la inscripción de alumnos mayores de 22 años en cuatro escuelas especiales con formación integral. Estas instituciones, que capacitan en oficios y promueven la inclusión laboral, quedaron limitadas por una disposición que excluye a adultos con discapacidad. La medida se suma a una serie de cierres de jardines maternales y recortes en secciones escolares impulsados por el gobierno de Jorge Macri, lo que profundiza el vaciamiento educativo denunciado por docentes y familias.

Entre los establecimientos afectados figuran la Escuela para Jóvenes y Adultos con Discapacidad Visual N° 34 “Gral. San Martín”, la Escuela N° 3 D.E. 17 “Tobar García” para personas con discapacidad mental, y las Escuelas Bilingües N° 28 “Prof. Bartolomé Ayrolo” y N° 29 “Dr. Osvaldo Magnasco” para estudiantes con discapacidad auditiva. Familias y docentes se movilizaron frente a la sede de gobierno y presentaron un petitorio para exigir la ampliación de la plataforma y garantizar el derecho a la educación de personas sordas y con discapacidad mayores de 22 años.

Testimonios de estudiantes como Analía, intérprete de lengua de señas y alumna ciega, y Darío Tomasi, de 42 años, reflejan el impacto de la medida. Ambos destacaron que las escuelas les brindan herramientas de autonomía y reinserción social, desde orientación en movilidad hasta talleres de oficios que permiten generar ingresos propios. “La discapacidad no tiene edad”, subrayó Analía, quien junto a otros alumnos presentó más de 4.200 firmas en el Ministerio de Educación porteño, aún sin respuesta oficial. La comunidad advierte que, de avanzar, la restricción vulnerará derechos garantizados por ley y afectará seriamente las trayectorias educativas de cientos de personas.

La falta de institucionalización de proyectos de inclusión, como el de la Escuela N° 3 que funciona desde 2010 sin resolución oficial, agrava la situación. Legisladores del oficialismo porteño aseguraron desconocer el tema, mientras los afectados esperan respuestas concretas. Para los estudiantes, el acceso a estas escuelas significa recuperar autonomía, continuar trabajando o aprender un oficio. La decisión del gobierno porteño, en cambio, amenaza con dejar a muchos sin espacios de formación y con un futuro más incierto.

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