TELEDIARIO.arLa resolución 35/2026, firmada por Karina Milei en enero y publicada en febrero, fijó el nuevo monto del Fondo Rotatorio, que permite cubrir viáticos, servicios, bienes de consumo y otros gastos operativos. Este mecanismo incluye el uso de tarjetas corporativas estatales, entre las que figuran la propia secretaria general, la vicepresidenta Victoria Villarruel y Eduardo “Lule” Menem. La medida también autorizó operaciones individuales de hasta 50 millones de pesos, con excepciones para servicios básicos, viajes presidenciales y embargos.
El pedido de acceso a la información pública reveló la existencia de 140 tarjetas recargables, tres corporativas de crédito y 62 usuarios activos de la plataforma Corporativa Nación. Sin embargo, Presidencia no entregó detalles sobre consumos, montos, comercios ni comprobantes, pese a que el sistema permite consultar cada transacción en línea. Entre los beneficiarios aparecen funcionarios clave como Gabriela Winnik y Marcelo Luque Mariño, responsables formales del Fondo Rotatorio, quienes también figuran como titulares de tarjetas de crédito y recargables, lo que genera dudas sobre los controles internos.
La falta de información se agrava por un sumario administrativo iniciado por uso indebido de tarjetas corporativas, cuyo expediente no fue publicado. El informe oficial concluyó que no hubo perjuicio fiscal, pero sin mostrar qué hechos se investigaron ni qué funcionarios estuvieron involucrados. La paradoja es evidente: mientras el gobierno sostiene un discurso de austeridad y recorte del gasto, la caja flexible de la Secretaría General se multiplicó por más de dos en un año, sin rendiciones claras ni trazabilidad pública de los consumos.
