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Un informe periodístico reveló la existencia de un acuerdo bilateral firmado entre la República Argentina y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que se mantuvo en reserva durante varios meses. Paralelamente a la ratificación del convenio para el control de la Vía Navegable Troncal por parte del Cuerpo de Ingenieros de la Armada estadounidense (USACE), el Poder Ejecutivo argentino suscribió un segundo memorándum de entendimiento centrado en la seguridad de las represas y los recursos hídricos del país. La divulgación de este documento, al que se accedió mediante un pedido de acceso a la información pública, dejó al descubierto los alcances de una cooperación militar e institucional orientada a la gestión de cuencas estratégicas y la infraestructura hidráulica nacional.
La existencia de este compromiso multilateral se conoció inicialmente de forma parcial tras una mención formulada por el exembajador estadounidense Marc Stanley. Posteriormente, las actuaciones administrativas confirmaron que el pacto fue rubricado entre la USACE y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) argentina. El convenio se suscribió de manera original únicamente en idioma inglés el 7 de marzo de 2024 —con firma previa del lado norteamericano el 1 de febrero del mismo año— y no contó con una traducción oficial al castellano hasta mediados de abril, un mes después de haber entrado en vigencia efectiva.
La intervención del organismo estadounidense se inserta en una estrategia explícita de seguridad e influencia regional expresada previamente por mandos del Comando Sur de los Estados Unidos. Desde esa jefatura militar se ha enfatizado en diversas oportunidades la relevancia geopolítica del cono sur debido a sus reservas de agua dulce y depósitos de litio, caracterizando las intervenciones de asistencia técnica e ingeniería como una alternativa frente a la presencia de otros actores internacionales en la región, en particular la República Popular China.
El texto suscrito establece un marco de colaboración para el desarrollo de actividades conjuntas sobre infraestructuras hidráulicas en Argentina, territorio que alberga más de un centenar de presas en funcionamiento, incluyendo complejos binacionales de gran envergadura como Yacyretá y Salto Grande, además de diques mineros y estructuras de contención urbana. Entre las atribuciones contempladas en el acuerdo se destacan la revisión y elaboración de normativas sobre seguridad de presas, la intervención en pautas de diseño, construcción, operación y mantenimiento, así como el desarrollo de proyectos de investigación compartidos.
Un aspecto central del memorándum de entendimiento es la inclusión de cláusulas de confidencialidad en su articulado. La normativa fija que la totalidad de los datos, informes, análisis y documentación técnica generada a partir de las actividades conjuntas revestirán carácter restringido y no divulgarán bajo ninguna modalidad. Esta condición impone un velo de reserva sobre el diagnóstico y la regulación de la infraestructura hídrica nacional, en un contexto en el que la administración nacional promueve reformas y licitaciones en el sector energético e hidroeléctrico.
La coincidencia geográfica entre la traza de la Vía Navegable Troncal, las principales represas hidroeléctricas y la reserva subterránea del Acuífero Guaraní otorga un elevado valor geopolítico a estos convenios. Diversos analistas e interlocutores del ámbito técnico y geopolítico advierten que la injerencia de agencias técnicas militares de potencias extranjeras sobre cuencas compartidas y fuentes primarias de agua dulce consolida un esquema de subordinación en la gestión de recursos críticos para el desarrollo económico y la soberanía energética del país.
