TELEDIARIO.arLa crisis en el sector discapacidad se profundiza con la suma de medidas oficiales que afectan directamente a personas con discapacidad, sus familias y prestadores. Entre ellas se destacan la baja del plan REMEDIAR, el desmantelamiento de la atención primaria en PAMI, la eliminación del pasaje gratuito y la incertidumbre sobre las pensiones no contributivas. Frente a este panorama, colectivos de todo el país organizaron un banderazo federal con epicentros en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto y La Plata, acompañado de clases públicas y asambleas.
La protesta incluyó además un pronunciamiento en apoyo al pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei y el ministro de Salud Mario Lugones, impulsado por diputados nacionales. También se respaldaron denuncias penales contra funcionarios por incumplimiento de deberes, abandono de persona y abuso de poder en relación con la falta de aplicación de la ley. Tras la concentración en el Congreso, se marchó hacia Comodoro Py para exigir celeridad en las causas judiciales y entregar un petitorio firmado por el colectivo.
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada en 2025, vetada por Milei y luego ratificada por el Congreso. Aunque promulgada en septiembre, su ejecución fue suspendida hasta que se definieran partidas presupuestarias, medida que la Justicia declaró inconstitucional en diciembre. Según la normativa vigente, la emergencia rige hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. Sin embargo, organizaciones advierten que el cumplimiento pleno sigue pendiente y que las políticas actuales profundizan el ajuste y la vulneración de derechos.
