TELEDIARIO.ar
El Gobierno nacional atravesó una semana signada por severos contratiempos políticos, económicos y diplomáticos que marcaron un freno a la impunidad legislativa que mantenía la gestión libertaria. El revés más significativo se produjo tras la multitudinaria movilización social en rechazo a la ley que buscaba liberar la venta de tierras a capitales extranjeros, una iniciativa que debió sufrir modificaciones sustanciales en el Congreso luego de una masiva marcha federal encabezada principalmente por sectores jóvenes, organizaciones sociales y figuras de la oposición como el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
A la contundente resistencia ciudadana en las calles y la Cámara Alta se sumó un duro golpe electoral en la provincia de Santiago del Estero, donde la fuerza oficialista sufrió un desplome histórico al obtener tan solo tres bancas de las 194 bancas municipales en disputa. Este resultado en las urnas evidenció un marcado desgaste de la base de apoyo libertaria en el interior del país, lo que reflejó un incipiente cambio de clima político frente a la acumulación de medidas sociales impopulares y ajustes presupuestarios.
En materia económica, el panorama resulta alarmante debido al continuo achicamiento de la actividad productiva, la retracción del consumo, la caída en los niveles de recaudación y una alarmante pérdida de empleo en el sector privado y comercial. A pesar de sostener formalmente el superávit comercial y fiscal mediante el congelamiento del gasto y el sostén de divisas agropecuarias y energéticas, la gestión económica genera crecientes críticas del sector industrial, al tiempo que enfrenta tensiones por la salida de capitales y el impacto inflacionario que afecta el poder adquisitivo salarial.
Para completar el frente crítico, el Ejecutivo enfrenta tensiones diplomáticas de magnitud tras el deterioro de los vínculos formales con Brasil, socio comercial clave para la industria argentina y la generación de empleo productivo. Las desavenencias ideológicas impulsadas desde la Casa Rosada precipitaron gestiones de la ministra Patricia Bullrich para evitar el retiro definitivo de la representación diplomática brasileña, dejando en evidencia los costos políticos y económicos de una política exterior condicionada por posicionamientos ideológicos.
