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La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Nacional decidió tomar la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) luego de que se confirmaran casi 100 despidos sorpresivos en el organismo. En el lugar se encontraba el presidente de la CNEA, Martín Porro, junto a su equipo, quienes fueron acusados por los dirigentes gremiales de “esconderse y evitar dar la cara ante los trabajadores”. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, aseguró que “no es verdad que Porro esté secuestrado, está atrincherado por decisión propia” y denunció que el Gobierno busca “vaciar el organismo para rematarlo”.
Aguiar explicó que las desvinculaciones afectan a profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de diez años de antigüedad, quienes sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino. Por ello, el gremio resolvió llevar adelante una permanencia pacífica en la sede central hasta que las autoridades den explicaciones. En paralelo, las protestas se replicaron en distintas sedes de la CNEA en el país, lo que refuerza la denuncia sindical de un “claro intento de desmantelamiento” que abriría la puerta a la privatización de un sector estratégico.
El dirigente gremial subrayó que Argentina es uno de los tres países del hemisferio sur que cuenta con energía eléctrica de origen nuclear y que el desarme del proyecto soberano significaría un retroceso histórico. Además, advirtió que los despidos constituyen una “ilegalidad manifiesta”, ya que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional consagra el derecho a la estabilidad laboral en el Estado. “Si actúan al margen de la ley, van a terminar todos presos”, sentenció Aguiar en declaraciones públicas y a través de redes sociales.
La tensión en la CNEA se mantiene mientras los trabajadores exigen la reincorporación inmediata de los despedidos y denuncian que el Gobierno avanza en un proceso de desguace de la energía nuclear argentina. La ocupación de la sede central y las movilizaciones en todo el país marcan un nuevo capítulo en el conflicto entre el gremio estatal y las autoridades, en un contexto de creciente malestar por las políticas de ajuste en organismos estratégicos.
