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La resolución judicial se conoció este viernes y establece que Adorni no podrá abandonar el territorio nacional sin autorización expresa del juzgado. El fallo surge luego de que trascendieran rumores sobre un posible traslado del exfuncionario a Uruguay. En caso de solicitar un viaje, deberá informar fechas de regreso y notificar su retorno al domicilio. La decisión fue celebrada por el abogado querellante Gregorio Dalbón, quien había solicitado la prisión preventiva del vocero por considerar que existían “riesgos ciertos y actuales de entorpecimiento de la investigación y de fuga”.
La investigación contra Adorni se centra en presuntas irregularidades vinculadas a su patrimonio, operaciones financieras y remodelaciones en su vivienda del country Indio Cuá. Según la declaración del contratista Matías Tabar, las obras realizadas en la propiedad alcanzaron un valor de 245.000 dólares. Además, se incorporaron a la causa mensajes atribuidos a Adorni en los que ofrecía apoyo y contactos legales al contratista antes de su testimonio judicial. Estos elementos refuerzan las sospechas de la fiscalía sobre posibles intentos de influir en la investigación.
La medida judicial representa un golpe político para el gobierno de Javier Milei, dado que Adorni es una de las caras más visibles de la administración y símbolo de su estrategia comunicacional. La restricción de salida del país no solo afecta su agenda oficial, sino que también impacta en la credibilidad del vocero, quien enfrenta un proceso que podría extenderse a su entorno familiar. La causa continúa avanzando en el fuero federal y se espera que en los próximos días se definan nuevas medidas en torno a la investigación.
