¡Salvar aL liberto de Milei! El juez Martínez de Giorgi apartó a las víctimas de la estafa cripto $LIBRA y busca archivar la causa

En una resolución que desató polémica, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi decidió excluir a los inversores damnificados de la investigación sobre la criptomoneda $LIBRA, impulsada y promocionada por el presidente Javier Milei en sus redes oficiales. El magistrado aceptó un planteo de la defensa del lobbista Mauricio Novelli, principal imputado, bajo el argumento de que los afectados ingresaron voluntariamente en un “mercado de riesgo” y que no está acreditado su perjuicio directo ni la titularidad de las billeteras virtuales. La medida deja a la causa sin querellantes y allana el camino para su archivo.

La decisión coincide con los resultados de peritajes tecnológicos realizados por la Policía Federal, que revelaron pruebas comprometedoras en el celular de Novelli. Entre ellas, un presunto acuerdo de cinco millones de dólares que incluía pagos en efectivo y tokens, además de la participación directa de Milei en la promoción del activo digital. Los documentos hallados detallan desembolsos y compromisos, como la publicación de un tuit presidencial y la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial para el gobierno argentino.

Los peritajes también expusieron comunicaciones telefónicas de madrugada entre Novelli y figuras clave del entorno presidencial, como Karina Milei y Santiago Caputo, en plena caída del token. Estas llamadas reflejan la desesperación oficial ante el desplome del activo, que pulverizó millones de dólares de ahorristas. Sin víctimas reconocidas en el expediente, las miles de billeteras virtuales afectadas quedan sin representación legal, mientras los implicados continúan con actividades públicas sin consecuencias judiciales.

La resolución de Martínez de Giorgi marca un punto crítico en el blindaje judicial de la era libertaria. La utilización de la cuenta institucional del presidente para direccionar flujos especulativos, sumada a la expulsión de las víctimas de los tribunales, configura un episodio que muchos consideran una muestra de corrupción y cobertura corporativa. El discurso anticasta, bandera del oficialismo, queda así cuestionado y debilitado frente a un fallo que, según especialistas, garantiza la impunidad presidencial.