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El caso del contador Guiñazú volvió a tomar relevancia luego de que la Corte Suprema confirmara que el profesional había sumado a su liquidación conceptos salariales que no le correspondían. Según consta en el expediente, Guiñazú reconoció haberlo hecho porque entendía que el Poder Judicial le debía un adicional, lo que derivó en un proceso judicial que ahora se encuentra en etapa de revisión. La defensa del contador busca invalidar esa declaración, alegando que fue obtenida en un contexto desfavorable y que no refleja la verdadera situación laboral.
La resolución del máximo tribunal deja en claro que Guiñazú actuó bajo la convicción de que tenía derecho a percibir ese beneficio, aunque no estuviera formalmente autorizado. Este punto es clave, ya que la Corte sostuvo que el propio funcionario admitió haber incorporado los montos por decisión personal, lo que abre un debate sobre la responsabilidad administrativa y la interpretación de los derechos salariales dentro del Poder Judicial. El fallo, además, marca un precedente sobre cómo deben tratarse los casos en los que los empleados consideran que existen deudas pendientes por parte del Estado.
El impacto de esta decisión no se limita al caso individual, sino que podría tener repercusiones en otros reclamos similares. La Corte Suprema, al sostener que Guiñazú “merecía el adicional” según su propio criterio, deja planteada la discusión sobre los límites de la autopercepción de derechos frente a las normativas vigentes. Mientras tanto, la defensa del contador insiste en que el descargo debe ser anulado para evitar consecuencias disciplinarias y legales que podrían afectar su carrera profesional. El proceso continúa y se espera que en las próximas semanas se definan los pasos a seguir en la causa.
