En plena crisis de endeudamiento familiar, el régimen libertario habilita débitos directos para el cobro de créditos

En un contexto marcado por índices récord de morosidad que superan el 12% en la banca tradicional y el 30% en billeteras virtuales, el Banco Central de la República Argentina oficializó una medida que faculta a bancos y compañías fintech a ejecutar cobros automáticos directos sobre las cuentas de los usuarios para saldar cuotas de préstamos vencidos. La disposición establece que las entidades financieras acreedoras podrán debitar los montos adeudados desde cuentas bancarias o billeteras digitales externas asociadas mediante CBU o CVU, habilitando un mecanismo de cobranza cruzada interplataformas que entrará en vigencia inmediata.

La normativa regulatoria exige que el esquema aplique a las nuevas operaciones crediticias y a refinanciaciones formalizadas, requiriendo una autorización previa por parte del cliente al momento de originar el financiamiento. Con el propósito de moderar el impacto sobre los ingresos de los hogares, el marco técnico fija que la cuota debitada no podrá exceder el 30% de los ingresos declarados por el prestatario, obliga a la entidad a emitir una notificación con al menos un día de anticipación y limita el proceso a un máximo de dos reintentos espaciados si la cuenta no cuenta con fondos suficientes.

La resolución ha desatado una fuerte controversia entre defensores de los consumidores y especialistas financieros, quienes advierten que la iniciativa prioriza la liquidez y recuperación crediticia de las entidades en detrimento de millones de familias que se endeudaron para solventar gastos básicos de subsistencia, como alimentos, tarifas y medicamentos. Señalan que la intervención automática sobre los saldos disponibles deja a los deudores en una situación de mayor asfixia económica, impidiendo la disposición de ingresos indispensables para la cobertura diaria.

Por su parte, el sector financiero y las empresas de tecnología financiera manifestaron reparos operativos y técnicos ante los plazos de adecuación exigidos por la autoridad monetaria, alertando sobre la complejidad de integrar los sistemas de cobro interoperables en tiempo real. Asimismo, representantes del sector anticiparon que, lejos de resolver la raíz estructural de la morosidad familiar, el endurecimiento de los controles y los mayores requisitos de originación terminarán contrayendo la oferta de financiamiento y excluyendo del circuito formal a miles de usuarios.