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El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, enviaron reservas de oro argentino a Londres para respaldar operaciones financieras, una decisión que generó polémica por la falta de explicaciones y el riesgo de embargos internacionales. Según estimaciones, se trataría de unos 1.500 millones de dólares en oro, con un retorno mínimo de apenas 0,3% anual. La medida expone al país a posibles confiscaciones, como ocurrió con Venezuela, que aún reclama 31 toneladas de oro retenidas por el Reino Unido.
En paralelo, el Senado argentino se prepara para votar un proyecto que elimina los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa, impulsada por el gobierno, abre la puerta a la extranjerización de vastas extensiones de territorio, incluidas zonas estratégicas y fuentes de agua dulce. Esto favorece a magnates como Joe Lewis, dueño de grandes propiedades en la Patagonia, y a corporaciones internacionales que buscan expandir el agronegocio, la megaminería y la explotación energética.
Organizaciones sociales y especialistas advierten que estas políticas consolidan un modelo extractivista y de saqueo, debilitando la soberanía territorial y económica del país. Además, alertan sobre el impacto social: el avance de capitales extranjeros podría derivar en desalojos de comunidades originarias y familias campesinas que habitan históricamente esas tierras. En un contexto en el que la selección argentina enfrenta a Inglaterra en el Mundial, la disputa por oro y tierra se convierte en un símbolo de la tensión histórica con la potencia europea, mientras el gobierno argentino es acusado de “patear en contra” de los intereses nacionales.
